La escasez de efectivos de la Guardia Civil en Aragón, entre las causas del aumento de robos en el medio rural

Zaragoza

El medio rural no convence a los guardias civiles a la hora de cambiar de destino. Así lo demuestra el último proceso de traslados, que deja 200 plazas desiertas en Aragón. Y esto tiene consecuencias en la población: el aumento de robos en los pueblos, según denuncia la Asociación Unificada de la Guardia Civil.

Los robos en viviendas investigados en el último año 2023 han sido 559: casi un 3% más que el año anterior. Por eso, instan a los vecinos a que denuncien todos los casos. En el último mes y medio, en Épila (Zaragoza) sus vecinos han contabilizado 30 denuncias y han empezado a recoger firmas para pedir más efectivos. Ayer salieron a la calle con el lema "Por un pueblo más seguro". En este puesto ha quedado desiertas varias plazas en el último proceso de traslado, entre ellas, la del jefe de acuartelamiento.

Para hacer frente a esa oleada de robos, el Ministerio del Interior ha puesto en marcha un plan estratégico temporal con la incorporación, por ejemplo, de los GRS, para reforzar zonas concretas. Fernando Beltrán, delegado del Gobierno en Aragón, señala que "con todas estas unidades se van cubriendo todos esos servicios que son necesarios cuando se produce, como está pasando ahora, un repunte de delitos y hay una oleada de robos por la zona de Valdejalón para intensificar esa presencia en esa zona para tratar de dar con las bandas que están operando".

Que se denuncie todo

Según la Asociación Unificada de la Guardia Civil, hacen falta alrededor de 600 agentes en las tres provincias aragonesas. Desde esta agrupación, instan a los vecinos a que denuncien todos los robos, aunque no siempre es fácil.

"Sí que tienen que poner denuncias" ya que "mientras menos denuncias se ponen - y no porque no existan hechos, menos estadísticas hay", señala Cristóbal Soria, portavoz en la provincia de Teruel. Remarca que es precisamente en los pueblos donde más se nota esta carencia. Desde esta asociación reclaman no solo que las plantillas estén completas, sino que se reestructuren las comandancias para dar un servicio adecuado al ciudadano.

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De los 122 puestos fijos que hay que Aragón, solo 11 acuartelamientos abren las 24 horas. Esta carencia endémica en la plantilla no es de ahora, pero - en estos momentos- es la causa, señalan, del aumento de delitos. Los robos, indican, son algo habitual de grupos itinerantes.

Marcial Álvarez, secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Zaragoza y Huesca, apunta que "son grupos que se van desplazando, no son autóctonos, y por eso unas veces se dan más en unos sitios y otras veces más en otros".

200 vacantes tras el concurso de traslados en Aragón

En estos momentos, están pendientes de cubrir las plazas vacantes tras los últimos traslados. Son unas 200 en las tres provincias. Según el delegado del Gobierno, los agentes han preferido otros destinos y no el medio rural.

"Algunos cuarteles son muy demandados, gente que quiere volver a casa, y es legítimo querer estar más cerca de su tierra de origen y en algunos cuarteles de todo Aragón se ha producido que no se han cubierto las plazas ofertadas", ha explicado Fernando Beltrán.

Hasta marzo estará sin resolver completamente esta convocatoria. "Del último anuncio de destinos que se ofertó, en Huesca se ofertó 79 vacantes, para Teruel 69, y para Zaragoza, 66", recuerda Marcial Álvarez, secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Zaragoza y Huesca. "Está previsto que se resuelvan a mediados de febrero pero hasta finales de marzo muchos nos serán efectivos".

Reestructurar las comandancias

Aún así, desde la asociación unificada insisten en que hay que reestructurar las comandancias, porque los puestos con una pareja no son operativos. "No puede ser tener un cuartel con dos o cuatro guardias civiles, que no es operativo", sostiene Cristóbal Soria, de AUGC Teruel. "Hoy en día, con menos de 25 efectivos es nulo, no puede prestar servicio" por lo que "poco sentido tiene".

Esta situación afecta a los ciudadanos, cuando "tienen un problema en su propia localidad, va y le dicen que para poner una denuncia tiene que ir a un cuartel que se encuentra a 50 kilómetros porque ese cuartel está cerrado y no puede recoger denuncias", remarca Soria. "Es muy lamentable que en la provincia de Teruel no haya ningún solo cuartel abierto 24 horas al día".

A esto se unen otras demandas laborales de este colectivo, como la conciliación de las jornadas laborales o la equiparación salarial con la Policía Nacional, o incentivos para trasladarse al medio rural.