La Audiencia Provincial de Huesca condena a los agresores de la Guardia Civil en Chia
En las fiestas de la localidad del año pasado, lanzaron una piedra al vehículo de la Guardia Civil
Así quedó el vehículo tras la pedrada
La Audiencia Provincial de Huesca ha rechazado, en su inmensa totalidad, los recursos interpuestos contra la sentencia del Juzgado de lo Penal de Huesca Nº1, manteniendo así la condena por delito de resistencia contra la autoridad y daños a J.A.G.M. y F.J.M.A como se había solicitado por parte de las acusaciones.
El pasado 26 de septiembre, el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca condenaba a dos jóvenes con 400 euros por lanzar una piedra al coche patrulla de un coche de la Guardia Civil en Chía y, posteriormente, resistirse a la detención.
El letrado de Independientes de Guardia Civil, Jorge Piedrafita, que representa a los agentes beneméritos había solicitado la desestimación del recurso de la defensa señalando que existía suficiente prueba de cargo contra los acusados, que había sido correctamente valorada por el juez bajo los principios de oralidad, inmediatez y contradicción de una forma lógica y pormenorizada, sin que la segunda instancia ad quem pudiera revisar la valoración de los hechos sino la aplicación y consecuencias jurídicas de los mismos. Acción que sí que ha realizado al considerar que la agresión se produjo pero no revistió la gravedad suficiente para integrar el delito de atentado como se había solicitado por la acusación particular y rebaja ligeramente las penas de multa por los delitos de daños en atención a la capacidad económica de los acusados.
Desde la acusación particular ejercida por IGC se muestran moderadamente satisfechos por haber conseguido mantener la condena ante la agresión de los agentes que fueron a identificar a los condenados tras haber tirado una piedra de grandes dimensiones contra el coche patrulla estacionado, pero señalan que la pena queda corta y se tendrá que seguir trabajando contundentemente mediante las acusaciones particulares y las distintas acciones asociativas para lograr penas más duras y que sean lo suficientemente disuasivas y no de la sensación de que estas acciones contra los servidores públicos que garantizan la seguridad de la ciudadanía salen prácticamente gratis.
