STEPA denuncia que una cuarta parte de la plantilla de la DGA son plazas vacantes o en comisión de servicio
El sindicato reclama que se cubran todas las vacantes dotadas sin ocupar
Concentración de personal interino convocada por STEPA en febrero en la sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza
Huesca
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha denunciado que la actuación en Función Pública del Gobierno PP-Vox se define por “la imposición, la falta de transparencia y la gestión incompetente” y que continúan agravando los problemas de plantillas insuficientes, caos jurídico, temporalidad e incumplimiento de la ley de la anterior etapa con Javier Lambán. Como ejemplo de la situación, destaca que en Administración General trabajan 12.189 empleados y hay 1.453 plazas vacantes lo que supone que el 12% de los puestos están sin atender. Y otros tantos funcionarios fijos están en comisión de servicio. Estas dos anomalías, dicen, representan la cuarta parte de la plantilla
STEPA ha incidido en que las denuncias que se suceden sobre el atasco en distintos servicios “entre los últimos algunos tan básicos como la valoración de las ayudas a la dependencia o las autorizaciones a empresas del INAGA” prueban que la Administración autonómica “va camino del colapso”.
Este número de vacantes está creciendo rápidamente a consecuencia de los ceses masivos de trabajadores temporales. Según los cálculos del sindicato, aumentó en 174 personas solo entre febrero y marzo, con un ascenso del 13,6%, provocando cada vez peor atención a los ciudadanos y mayor sobrecarga y tensión en los empleados públicos, por lo que considera que “no es descabellado pensar que se busca la ineficacia de esta Administración como antesala de la externalización de servicios”.
La temporalidad no ha dejado de aumentar año tras año y según los últimos datos oficiales (de junio de 2023, ya que sigue pendiente de publicación el Boletín de Personal de diciembre), tienen contrato temporal el 56% de los empleados en la DGA, frente al 11% en el sector privado.
El boletín de personal también señala que, en esa fecha, además, el 28% de los funcionarios y laborales fijos, más de 1.500 en total, no ocupaba su destino definitivo, sino una plaza provisional en comisión de servicios, una fórmula que según la ley se limita a casos “de urgente e inaplazable necesidad”. STEPA señala que el concurso abierto y permanente de traslados abierto por el Gobierno de Aragón para acabar con esta situación “ha sido un completo fracaso” y no ha servido para que los funcionarios de carrera promocionen adecuadamente y estén satisfecho con los puestos adjudicados por la baremación, y tampoco para reducir el índice de destinos provisionales.
El proceso está recurrido en los Tribunales y no dejan de publicarse diariamente en la intranet nuevas comisiones de servicio, continuando la inestabilidad y el número de vacantes, ya que el principal efecto ha sido que se han producido unos 300 ceses de temporales por el efecto cascada del movimiento de personal fijo, aunque luego el adjudicatario haya pedido otra plaza y quede desocupada.
El sindicato ha denunciado que estos ceses “vulneran con palmaria claridad la ley 20/2021 y la jurisprudencia europea”, ya que afectan a trabajadores temporales con más de tres años de antigüedad en sus puestos, que tienen derecho a pasar a fijos, la misma sanción ante el abuso de temporalidad que se aplica en el sector privado, o en su defecto a elevadas indemnizaciones.
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