Hasta 51 municipios solicitan la ayuda de la DPH para instalar cámaras de videovigilancia
Este plan, pionero en Aragón, dispone de 100.000 euros para estas ayudas destinadas a poblaciones de menos de 2.000 habitantes
Isaac Claver, presidente de la DPH, y Pedro Suñén, alcalde de Alcubierre
Huesca
La convocatoria dedicada a las zonas rurales permite la financiación para la instalación y utilización de un sistema de grabación de imágenes en espacios públicos con la finalidad de mejorar la seguridad en pequeños municipios de la provincia, prestando asistencia para la protección de las personas ante posibles actos incívicos o delictivos.
Los municipios deberán contar con la autorización previa de la Delegación del Gobierno en Aragón. Cabe recordar además que el visionado y tratamiento de las imágenes únicamente podrá ser realizado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha apuntado que “la seguridad es fundamental si queremos un medio rural vivo y con negocios activos. En la Diputación estamos trabajando desde el primer día en ese sentido con planes como el de reparación y reforma de cuarteles de la Guardia Civil o el de seguridad rural para la instalación de sistemas de videovigilancia. Un plan, este último, que ha gozado de un éxito de convocatoria, con 51 municipios interesados. Un dato que nos indica que ha sido un acierto ayudar a los municipios en este sentido y que la videovigilancia, como sistema de seguridad preventivo, es una necesidad real para los vecinos del medio rural”.
Claver ha hecho estas valoraciones tras una reunión con el alcalde de Alcubierre, Pedro Suñén. Su municipio va a instalar cámaras de última generación. Suñén ha señalado que “en el Ayuntamiento se decidió instalar videovigilancia por el aumento de robos en casas del pueblo y en fincas y su instalación ha resultado muy eficaz para evitar nuevos actos delictivos”.
Alcubierre no tendrá problemas para instalar sus nuevas cámaras ya que dispone de todos los permisos necesarios para hacerlo. En cambio, otros muchos municipios, la gran mayoría de los que han acudido a la convocatoria de la DPH, han solicitado a la subdelegación del Gobierno el beneplácito necesario y están a la espera de una respuesta.
La Diputación podrá adelantar el dinero para la compra e instalación de cámaras de videovigilancia, pero, con el plazo máximo de 28 de febrero de 2025, los ayuntamientos deberán de justificar que han obtenido todos los permisos necesarios.
El proceso comenzó el pasado 13 de febrero con una reunión organizada por Diputación Provincial de Huesca y la Delegación del Gobierno de España en Aragón en la que participaron más de 70 alcaldes, y en la que el presidente de la DPH, Isaac Claver, dio a conocer este Plan de Seguridad Rural para la instalación de videocámaras en los términos municipales.
La Subdelegación del Gobierno asegura que se gestionan las solicitudes con agilidad
Desde la Subdelegación del Gobierno en Huesca señalan que "se están gestionando con gran agilidad las solicitudes de autorización para la instalación de videocámaras que se reciben de los municipios de la provincia de Huesca, procediendo a requerir en un plazo sumamente breve las posibles subsanaciones".
Recuerdan que aunque la instalación de videocámaras fijas efectivamente es autorizada por la Delegación del Gobierno, previamente resulta preceptivo un informe vinculante de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia en Aragón, un órgano colegiado formado por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Fiscal Jefe, un Abogado del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno en Aragón y otro de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias, que estudia los expedientes de las tres provincias. Además, acuden como invitados tanto Guardia Civil como Policía Nacional (según demarcación) y un representante del Ayuntamiento que ha realizado la solicitud.
En lo que va de 2024, se han concedido 23 autorizaciones a otros tantos municipios de la provincia: Alcubierre, Altorricón, Arén, Barbastro, Binéfar, Canfranc, Casbas de Huesca, Chimillas, Fraga, Graus, Huesca, Monzón, Poleñino, Sabiñánigo, Sallent de Gállego, Senés de Alcubierre, Tierz, Torrente de Cinca, Torrés de Barbúes, Sariñena, Banastás, Santa Cilia y Estadilla. En estos momentos, están en proceso de tramitación otros 22 permisos, en algunos casos de renovación o ampliación de localidades que ya cuentan con autorizaciones previas.
Cabe recordar que el pasado 13 de febrero el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, ofreció a iniciativa de la Delegación del Gobierno en Aragón una jornada técnica sobre videovigilancia en la Diputación de Huesca, en la que se informó del proceso de instalación de videovigilancia, que en todo caso requiere de la autorización de la Comisión de Garantías para poder hacerse efectivo.
