Los permisos para instalar videocámaras dependen de la Ley, a pesar de que la Subdelegación actúe con rapidez

Huesca

Al hilo de la solicitud de la alcaldesa de Huesca para que Subdelegación del Gobierno agilice los plazos de la concesión de permisos para la instalación de videocámaras, la propia Subdelegación ha realizado varias puntualizaciones, indicando que los plazos de tramitación no dependen de ellos, sino que derivan de un proceso regulado por la Ley.

Recuerdan que las solicitudes de autorización para la instalación de videocámaras, que se reciben de los municipios de la provincia, se están gestionando con gran agilidad, procediendo a requerir las posibles subsanaciones en un plazo muy breve.

Y, añaden, que aunque la instalación de videocámaras fijas es efectivamente autorizada por la Delegación del Gobierno, previamente es preceptivo un informe vinculante de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia en Aragón, un órgano colegiado que preside el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y del que forman parte el Fiscal Jefe, un Abogado del Estado, un representante de la Delegación del Gobierno en Aragón y otro de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias, que estudia los expedientes de las tres provincias. Además, acuden como invitados tanto Guardia Civil como Policía Nacional (según demarcación) y un representante del Ayuntamiento que ha realizado la solicitud.

Por tanto, desde la Subdelegación se recuerda que los plazos en la tramitación de los permisos para las videocámaras no vienen determinados por la propia institución, sino que se derivan de un proceso perfectamente regulado por la Ley y garantista con los derechos y libertades de la ciudadanía, que requiere la aprobación preceptiva de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia.