CHA critica al Gobierno de Aragón por judicializar de nuevo la cuestión de la escuela de Caneto
La formación también anuncia iniciativas parlamentarias en las Cortes de Aragón
Huesca
Chunta Aragonesista ha mostrado su profunda preocupación y decepción por la decisión del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón de llevar ante la justicia la cuestión de la escuela de Caneto. En opinión de CHA, esta decisión política muestra no sólo evidencia una falta de diálogo con la comunidad educativa, sino también una carencia de voluntad para aportar soluciones inmediatas y efectivas a las necesidades del alumnado y las familias.
Recuerdan que, en lugar de tomar medidas urgentes para garantizar la continuidad de las clases y la seguridad del alumnado, como la instalación de barracones provisionales con sistemas de calefacción alternativos, el Departamento ha optado por crear incertidumbre y trasladar un problema a los juzgados.
Desde CHA consideran que la prioridad debe ser proteger el derecho a la educación de los niños y niñas de Caneto, y no judicializar un asunto que podría haberse resuelto con voluntad política y compromiso presupuestario.
Isabel Lasobras, Portavoz de CHA en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de las Cortes de Aragón, ha declarado: “No podemos tolerar que el Gobierno de Aragón eluda sus responsabilidades en materia de educación y seguridad escolar. Judicializar el problema no resuelve nada. Lo que necesitan las familias son soluciones concretas y rápidas para garantizar el derecho a una educación digna y segura.”
Por ello, desde CHA anunciarán una serie de iniciativas parlamentarias en las Cortes de Aragón con el objetivo de exigir al Gobierno que actúe de forma urgente para dotar a la escuela de Caneto de las instalaciones y recursos necesarios. Estas iniciativas buscan instar al Departamento de Educación a instalar de inmediato un barracón provisional con todas las garantías de seguridad y confort; solicitar una revisión y actualización de las medidas antiincendios en todas las escuelas públicas de Aragón para evitar situaciones similares en el futuro, y finalmente, reclamar una mayor transparencia en la gestión de crisis como la ocurrida en Caneto.