La Federación Aragonesa de Turismo Rural muestra su preocupación por las consecuencias que puede tener para este sector el nuevo registro de viajeros que les obliga a recabar hasta 31 datos de cada cliente
Desde FARATUR señalan que hay propietarios que podrían cerrar sus establecimientos
TERUEL
Es uno de los problemas a los que se enfrentan en este nuevo año. Registrar a un cliente de vivienda o alojamiento rural va a suponer una tarea administrativa complicada, sobre todo, si como ya ha ocurrido hay viajeros que se niegan a facilitar datos porque consideran que vulneran su privacidad. Según la gerente de FARATUR, Sara Ros, "en varios casos hemos tenido que enviar el Boletín Oficial para demostrar que sino no se pueden alojar".
Por eso, señalaba Ros, hay socios de FARATUR que están pensando en cerrar su alojamiento "porque son muchos cambios y que se hace pesado".
La gerente de FARATUR considera que una norma de este calado debería haber sido negociada con el sector.
Por otra parte, los propietarios de viviendas y alojamientos rurales han mostrado su contrariedad por la norma, en este caso del Gobierno de Aragón, que obliga a realizar controles periódicos de legionella en viviendas y apartamentos turísticos rurales. Además, explicaba la gerente que "tienes que hacer una formación que hay que pagar y que una empresa externa verifique las muestras".
Sara Ros indicaba que los municipios controlan el agua que suministra a cada domicilio y que, por tanto, esa analítica sería suficiente.
