Condenado y desterrado de Albalate de Cinca por agredir a dos guardias civiles y un vecino
La jueza impone al acusado la prohibición de regresar a su pueblo, donde reside su familia. Vecinos y allegados alegan que sufría un brote psicológico
Imagen de la localidad de Albalate de Cinca.
Albalate de Cinca
El Juzgado de lo Penal número 2 de Huesca ha dictado sentencia firme contra A.P., un hombre acusado de agredir a un vecino y a dos agentes de la Guardia Civil en Albalate de Cinca en el año 2022. La jueza Silvia Ferreruela Royo considera probados los delitos de amenazas, atentado contra la autoridad y lesiones menos graves.
Los hechos ocurrieron cuando el acusado golpeó por la espalda a un vecino con un pico, mientras le amenazaba de muerte. Tras ser localizado por la Guardia Civil, reaccionó con violencia durante su detención: profirió amenazas explícitas contra los agentes y sus familias, y lesionó a uno de ellos, que sufrió un esguince de muñeca y daños en la rodilla, requiriendo atención médica.
La sentencia incluye la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de las víctimas y de volver al municipio de Albalate de Cinca, lugar de residencia de su familia.
Durante el juicio, varios vecinos y familiares del condenado declararon que A.P. atravesaba un episodio de inestabilidad psicológica en el momento de los hechos, una circunstancia que, según su entorno, debería haber sido tenida en cuenta a la hora de dictar la sentencia.
El abogado Jorge Piedrafita, representante de Independientes de la Guardia Civil (IGC), asociación a la que pertenece uno de los agentes agredidos, valoró la resolución como un reconocimiento a la gravedad de este tipo de agresiones:
"Esta sentencia marca un antes y un después. Reafirma que las agresiones a agentes no pueden quedar impunes y es fruto del trabajo constante desde la acusación", afirmó Piedrafita.
Jorge Piedrafita, abogado de IGC.
Jorge Piedrafita, abogado de IGC.
Desde IGC insisten en que el Ministerio del Interior debe reconocer oficialmente la condición de profesión de riesgo para los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, una reivindicación que, aseguran, seguirán defendiendo.
