Detenido en Zaragoza el empresario que alquilaba a 200 euros la cama a más de 100 migrantes hacinados en locales

Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido en Utebo (Zaragoza) al empresario que alquilaba camas por 200 euros en locales comerciales convertidos en infraviviendas donde llegaban a convivir más de 100 personas en situación de vulnerabilidad. El pasado mes de mayo se desalojó uno de estos en la urbanización del Parque Roma de la capital aragonesa donde vivían en situación de insalubridad 120 personas, en su mayoría extranjeras y en situación irregular.

Este individuo de 39 años y con iniciales R.F.J. está siendo investigado como presunto autor de los delitos de estafa, falsedad documental, daños, defraudación de fluido eléctrico y delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pasó el viernes a disposición de la autoridad judicial competente, quedando en libertad con cargos.

El investigado operaba a través de sociedades mercantiles con las que formalizaba contratos de arrendamiento, presentándose ante los propietarios como un arrendatario de buena fe que destinaría los locales al almacenamiento de materiales. Sin embargo, una vez obtenida la posesión, ejecutaba obras sin licencia ni supervisión técnica, dividiendo los espacios en numerosos habitáculos de escasos metros cuadrados.

Estas construcciones improvisadas carecían de ventilación, luz natural, aislamiento térmico y medidas mínimas de seguridad, lo que generaba condiciones extremas de hacinamiento. En algunos casos, hasta seis personas compartían una misma estancia, durmiendo en literas o camas dispuestas junto a alimentos y enseres personales.

Cada cama se alquilaba por un mínimo de 200 euros mensuales, a lo que se sumaban pagos adicionales por el uso de luz, agua o electrodomésticos. Todos estos suministros eran obtenidos de forma fraudulenta mediante conexiones ilegales.

Para reforzar la apariencia de legalidad, el responsable ofrecía empadronamientos irregulares en otras ubicaciones, a cambio de una contraprestación económica. Incluso tras conocer la fecha de desalojo judicial de un local, continuaba cobrando las mensualidades correspondientes, prolongando el engaño hasta el último momento.

Las investigaciones permitieron determinar que obtenía beneficios mensuales estimados en 25.000 euros, que había defraudado fluido eléctrico por más de 25.000 euros y que los daños causados en los locales superaban los 100.000 euros.

Desalojo de Parque Roma en Zaragoza

El pasado 26 de mayo se ejecutó un desalojo judicial en dos locales situados en la urbanización Parque Roma. En el interior se localizaron 32 habitaciones y 103 camas, muchas de ellas dispuestas en literas, donde residían más de 120 personas, en su mayoría extranjeras y en situación administrativa irregular.

Durante la intervención, los policías constataron la grave situación de insalubridad, con espacios sin luz natural, ventilación ni condiciones básicas de seguridad. Enseres personales, alimentos y cables eléctricos improvisados se acumulaban en espacios reducidos.

Ante esta situación, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza activaron recursos de atención inmediata, ofreciendo alternativas habitacionales a las personas en mayor situación de vulnerabilidad o sin redes de apoyo.

Al día siguiente, se desocupó voluntariamente otro local en la avenida San José, que había sido abandonado por sus ocupantes ante la inminencia del desalojo judicial.

El modelo de negocio ilícito se basaba en aprovecharse de la situación de exclusión social de numerosas personas, a quienes se ofrecían “habitaciones” en locales que no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad ni higiene.

Muchas de las víctimas, sin acceso a otras alternativas residenciales, se veían obligadas a pagar elevadas sumas por una cama en espacios oscuros, compartidos y sin ventilación, en condiciones claramente indignas y de riesgo.

Más de 10.000 euros en efectivo

Durante la entrada y registro de su domicilio en Utebo, autorizada por el Juzgado y con un bloqueo preventivo de sus cuentas bancarias, se le intervino 10.000 euros en efectivo, abundante documentación relacionada con contratos de arrendamiento y empadronamientos irregulares.

También se le aprehendieron dispositivos electrónicos de almacenamiento e incluso un datáfono que era utilizado para gestionar y cobrar directamente los pagos efectuados por los inquilinos.