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"El Ayuntamiento debe terminar con esta plaga de ratas". Las plataformas vecinales piden al consistorio que actúe ante las denuncias de los ciudadanos

La primera Reunión de Vecinos de la temporada aborda también el cierre de siete Zonas Jóvenes de Zaragoza y el futuro de proyectos urbanísticos de Vía Hispanidad y Rosales que podrían resolverse en los tribunales

Reunión de vecinos. 150925

Reunión de vecinos. 150925

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Zaragoza

Este verano, la presencia de ratas en Zaragoza ha generado preocupación entre vecinos y asociaciones. Arturo Sancho, presidente de la Federación de Barrios, y Constancio Navarro, de la Unión Vecinal Cesaraugusta, han confirmado que reciben quejas frecuentes por la proliferación de roedores en distintos puntos de la ciudad.

Las obras en el cauce del río Huerva parecen ser uno de los factores que han contribuido a que las ratas salgan a la superficie. “Al remover tierra, se alteran sus hábitats y buscan alimento en zonas urbanas”, explican. Ejemplos como el kiosco cerrado del Parque Bruil o la carretera de Logroño, donde se han grabado vídeos de ratas a plena luz del día, ilustran la magnitud del problema.

Ambos dirigentes vecinales reclaman al Ayuntamiento una campaña de desratización más amplia y constante. Aunque se han invertido más de 400.000 euros en el último año, consideran que no es suficiente. Además, señalan que mantener abiertos y activos espacios públicos cerrados podría ayudar a evitar focos de insalubridad.

“La ciudad está infestada desde siempre, pero ahora se ven más”, advierten. Y recuerdan que no basta con combatir las ratas: hay que actuar sobre las causas que las atraen.

El polémico cierre por las siete Zonas Jóvenes

Los representantes de las plataformas vecinales también han mostrado su preocupación por el cierre progresivo de servicios públicos de juventud en Zaragoza. Sancho ha denunciado que estas medidas suponen la eliminación de espacios clave para la intervención social en los barrios, especialmente con jóvenes en situaciones vulnerables. “No podemos estar a favor de ninguna medida que elimine servicios públicos en nuestros barrios”, ha afirmado.

Desde la Federación de Barrios, Arturo Sancho reclama al Ayuntamiento la apertura de un espacio de diálogo con todos los sectores implicados, incluyendo asociaciones, familias y trabajadores. Sin embargo, las propuestas presentadas en el Consejo de la Ciudad y en el Pleno municipal han sido ignoradas.

Constancio Navarro ha criticado el modelo de centralización que se está imponiendo, en detrimento de la descentralización que históricamente ha defendido la Unión Vecinal. “Alejar los servicios de los barrios es un error”, ha señalado, tras reunirse con educadores afectados por los cambios.

Ambos dirigentes coinciden en que no se trata de una disputa política, sino de una cuestión de derechos y de atención a la comunidad. “Cerrar casas de juventud es desmantelar espacios que construyen tejido social”, concluyen.

Los suelos de Vía Hispanidad, a los tribunales.

Y veremos qué ocurre con los del Rosales del Canal que estaban previstos para equipamientos y que serán para la construcción de vivienda protegida. Los representantes vecinales también han expresado su rechazo a la política de cesión de suelos públicos destinada a vivienda de alquiler asequible, que en realidad, según denuncian, está sustituyendo terrenos reservados para equipamientos en barrios con carencias estructurales.

Sancho ha señalado que barrios como Rosales, Valdespartera o Arcosur necesitan servicios públicos, no menos. “Se están cediendo suelos de equipamiento al Gobierno de Aragón mientras el Ayuntamiento vende los suyos para vivienda libre e incluso de lujo”, ha afirmado, cuestionando el modelo que permite a empresas privadas gestionar alquileres durante 75 años.

Navarro, por su parte, ha criticado la modificación del planeamiento urbano en zonas como Vía Hispanidad, donde se eliminan equipamientos para construir viviendas. “Las operaciones deben responder al interés general, no financiar proyectos como el nuevo campo de fútbol”, ha advertido.

Ambos dirigentes vecinales coinciden en que estas decisiones pervierten el derecho básico a una vivienda digna y generan confrontación social. “La ley permite construir en suelos dotacionales, pero elegir mal esos terrenos y no escuchar a los vecinos es un grave error”.

 

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