UGT insiste en su denuncia al actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huesca por infracciones y procesos judiciales

Huesca

El sindicato UGT denunciaba recientemente que el Ayuntamiento de Huesca acumula en las dos últimas legislaturas 12 infracciones graves en Inspección de Trabajo, con sus sanciones económicas correspondientes por no respetar el Convenio Colectivo. A ello sumaban ocho procesos judiciales, que indicaban conlleva una gran carga económica en sanciones, abogados, procuradores o indemnizaciones. Desde alcaldía se indicó que todo esto pertenecía a la época de gobierno socialista con Luis Felipe a la cabeza.

Sin embargo, UGT ha querido aclarar que en su mayoría corresponden al actual equipo de gobierno. Juan Sarrate, miembro de la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Huesca ha indicado que, de las 12 infracciones graves de Inspección de trabajo, las últimas seis se deben a la mala gestión del actual equipo de gobierno, y de los 8 procesos judiciales que citaban, todos son demandas contra actuaciones de este equipo de gobierno.

Añadía que, las denuncias de “mala gestión” son por vulneraciones del Convenio Colectivo y el Estatuto de los Trabajadores. Los procesos judiciales, entre otros asuntos, por reclamación de cantidades, compensación de horas de formación, no respetar el resultado del proceso selectivo, no concesión de días de permiso o no respetar el reglamento de bolsas.

UGT informó en una nota de prensa que, recientemente, el Juzgado de lo Social había dado la razón a la Inspección de Trabajo contra dos recursos interpuestos por el Ayuntamiento por las sanciones económicas impuestas tras denuncias del Comité de Empresa y la Sección Sindical de UGT. Añadían que el Juzgado se ha convertido en la única alternativa para que se respeten los derechos laborales.

El comunicado indicaba que ven cómo las infracciones de Inspección de Trabajo y otras situaciones que son palmarias, claras y sin posibilidad de interpretación ninguna, y que suponen despidos, perjuicios económicos y pérdida de derechos, terminan en el Juzgado, dando la razón a los trabajadores y trabajadoras. Una forma de gestionar los recursos humanos que, aseguraban, perjudica gravemente a la plantilla municipal, genera desmotivación y conlleva un gasto enorme en procesos judiciales innecesarios. Y se preguntaban cuánto lleva gastado este equipo de gobierno en sanciones, abogados, procuradores e indemnizaciones. Unos datos que, decían, han preguntado y no se les ha respondido, lo que les abocará a solicitarlo por la vía judicial.