Romper el silencio para que las personas sordas vivan con dignidad y sin barreras

Zaragoza

Garantizar la igualdad y el acceso a la lengua de signos en todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la vejez. Es uno de los objetivos en los que se trabaja y destaca Jesús Carlos Iglesia de la Agrupación de Personas Sordas. Una inclusión que debe "comenzar con la atención temprana y no limitarse solo a la rehabilitación médica, sino también incluir la enseñanza de la lengua de signos y una información completa para las familias".

Señala que las personas sordas mayores son uno de los colectivos más olvidados, especialmente tras la pandemia, ya que sufren aislamiento comunicativo y soledad, lo que afecta a su salud mental. La falta de servicios adaptados, como la teleasistencia o la atención en residencias, agrava esta situación. La agrupación ha puesto en marcha proyectos como talleres de memoria y visitas a residencias para paliar el aislamiento.

En cuanto al acceso a la sanidad, aunque existe un convenio para intérpretes en horario de oficina, sigue habiendo grandes carencias en urgencias y fuera de ese horario. Se realizó un piloto exitoso de videointerpretación, pero no se ha podido mantener por falta de financiación. Además, el número de intérpretes en Aragón es insuficiente en comparación con otros países europeos, lo que dificulta la plena inclusión y el acceso a servicios básicos.

En el ámbito educativo hay una gran necesidad de más profesionales. Laiglesia recordaba que antes existía un ciclo formativo de grado superior para intérpretes, pero fue sustituido por un grado universitario, lo que ha dificultado el acceso a esta formación. Además, apunta que las condiciones laborales y los convenios también deben mejorar para atraer más intérpretes.

Subraya que la figura del intérprete es esencial para eliminar barreras y permitir la participación en igualdad de condiciones y critica la falta de voluntad política como principal obstáculo para avanzar en derechos y servicios, independientemente del partido en el poder. Aunque existe normativa suficiente que reconoce la lengua de signos como lengua oficial, como el Real Decreto de 2007 y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, su aplicación se ve limitada por la falta de financiación y prioridades claras.

La falta de estos recursos en la educación ha impedido que muchas personas sordas accedan a trabajos cualificados, aunque se han logrado avances y cada vez más personas sordas acceden a estudios universitarios. Con los recursos adecuados, pueden participar plenamente en la sociedad.

Además es necesario que las personas sordas ocupen espacios de decisión, no solo en política, sino también en movimientos sociales y medios de comunicación.