600 trabajadores alzan la voz: Aragón necesita un convenio justo para los centros de menores

Zaragoza

Desde hace más de un año, los trabajadores de los centros de menores en Aragón mantienen una reivindicación constante por la mejora de sus condiciones laborales. Alrededor de 600 profesionales del sector exigen la creación de un convenio autonómico que sustituya al actual convenio estatal, el cual consideran insuficiente para garantizar estabilidad y calidad en la atención a los menores.

La falta de estabilidad en las plantillas repercute directamente en los menores, quienes necesitan referentes estables para su desarrollo. En los centros de protección, los menores no han cometido delitos, sino que se encuentran allí por situaciones familiares complejas como abandono, violencia o procesos migratorios. En cambio, los centros de reforma acogen a menores internados por orden judicial tras haber cometido delitos.

El representante sindical de CGT, Héctor García, ha denunciado que en algunos centros se ha sustituido al personal educativo por seguridad privada, lo que compromete la calidad del servicio. Además, señala que el sector está compuesto por unas 12 entidades, lo que dificulta la negociación. Empresas como FAIM, Aldeas Infantiles, YMCA y Federico Ozanam son actores clave en este escenario, siendo esta última criticada por no reunirse con los trabajadores ni permitir la organización sindical.

El conflicto se intensificó tras la falta de acuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), donde la patronal más representativa, Rey Ardid, no se presentó. La huelga convocada por los trabajadores se ha visto limitada por los servicios mínimos decretados por el Gobierno de Aragón, que obligan al 100% de los educadores de atención directa a trabajar. A pesar de ello, los trabajadores planean endurecer las movilizaciones, aunque las decisiones se tomarán en asamblea.

El proceso de negociación comenzó en 2019, se interrumpió por la pandemia y se retomó en 2022. Aunque se constituyó una mesa de negociación hace un año, la patronal se mantiene en el marco del convenio estatal, lo que los trabajadores consideran una falta de voluntad real. Actualmente no hay nuevas citas para negociar, aunque se han solicitado reuniones con el presidente de Rey Ardid y con la consejera de Servicios Sociales.

Desde FAIM, una de las entidades del sector, se reconoce la legitimidad de las reivindicaciones y se expresa voluntad de diálogo. La entidad gestiona centros públicos y cuenta con unos 200 trabajadores. Señalan que operan con presupuestos públicos, lo que limita su capacidad de negociación. Consideran necesario un acuerdo entre entidades, patronales y administración para establecer un marco común que permita avanzar en la mejora de condiciones laborales.

FAIM también destaca que el trabajo en el sector es complejo y de calidad, y que la administración debería valorarlo mejor en los presupuestos. Reconocen que el perfil de los menores ha cambiado en las últimas décadas, lo que exige una adaptación constante de los recursos y del personal. Aunque el Gobierno ha incrementado el precio por plaza y atendido algunas demandas, ese aumento no se ha reflejado directamente en las plantillas debido a otros costes como el absentismo, alquileres y gastos generales. La entidad admite cierta rotación de personal y dificultades para encontrar trabajadores, como ocurre en otros sectores.

Actualmente, FAIM y otras entidades trabajan para lograr una postura común que permita negociar con la administración. Aunque la huelga no fue el motivo directo de las reuniones previstas, ha servido para visibilizar el conflicto. La intención es avanzar hacia una mejora del sistema, aunque se reconoce que estos procesos requieren tiempo y coordinación entre todas las partes implicadas.