Valentia inicia acciones legales para evitar la puesta en marcha de la planta de compostaje en Martillué

Valentia ha anunciado que hará uso de todas las vías del ordenamiento jurídico para evitar la apertura y funcionamiento de la planta de compostaje que la empresa de titularidad pública GRHUSA planea establecer a 195 metros del Centros Ignacio Claver de Valentia en Martillué; un centro socio sanitario que asiste a 58 personas con discapacidad intelectual, de las que 39 viven allí y son atendidas por 33 trabajadores.

Un expediente que se olvida del hogar de 39 personas, denuncia Valentia

“Perplejos y dolidos” se quedaron al comprobar que “el hogar de 39 personas desde hace 35 años” no se había tenido en cuenta en el expediente como núcleo habitado, explica el presidente de la Fundación Valentia, Lorenzo Torrente. “Hemos vuelto a sentir la invisibilidad a la que se enfrentan las personas con discapacidad”, lamenta Lorenzo Torrente. “Es nuestra obligación defender a estas personas”.

Como primer paso, solicitar la nulidad de la licencia provisional de obras

Como primera medida, la fundación ha interpuesto un recurso de revisión en el que solicita la nulidad de la concesión de licencia provisional de obras facilitada por el Ayuntamiento de Jaca a la empresa GRHUSA.

El recurso recuerda la necesidad previa de la obtención de la declaración de impacto ambiental por parte del INAGA, requerimiento que no se ha cumplido, aseguran, y reitera que las emisiones, el tráfico pesado o los riesgos de contaminación de aire o agua subterránea juegan en contra de la salud y el bienestar de las personas que viven allí.

Pide subsanar “el error”

Lorenzo Torrente pide al ayuntamiento de Jaca, que aprobó la licencia, que de marcha atrás porque “hay normas legales pero no socialmente correctas”, y considera que poner una planta de compostaje a 195 metros de un centro socio sanitario no es correcto. “Pero vemos que están siguiendo adelante”.

La Fundación pone de relieve que sus usuarios son un colectivo especialmente vulnerable (personas con discapacidad intelectual, TEA y otros trastornos del neurodesarrollo), cuya protección requiere un nivel reforzado de garantías, y que la experiencia demuestra que “las emisiones propias de estas instalaciones (olores persistentes, bioaerosoles, partículas y ruidos) pueden extenderse a distancias de hasta varios kilómetros, pero con especial intensidad en el entorno de dos kilómetros, comprometiendo de manera grave su calidad de vida.”

Añaden que la ubicación prevista generaría un incremento significativo del tráfico pesado en vías locales, lo que supone un riesgo añadido de accidentes y atropellos, especialmente para los usuarios del centro, los visitantes del mismo y los vecinos que transitan a pie por la zona. A ello se suman riesgos ambientales relevantes, como la posible contaminación del aire, del agua subterránea y del suelo, la proliferación de vectores y la degradación del paisaje y del entorno inmediato.

Sorpresa y profundo malestar

Igualmente, Valentia ha querido reiterar su profundo malestar e incredulidad. “Resulta incomprensible que el Ayuntamiento de Jaca estuviera planteando una instalación de esta naturaleza en una ubicación tan sensible sin haber realizado ninguna comunicación a nuestra entidad”, explica Lorenzo Torrente, presidente de la entidad.

Asimismo, se recuerda que GRHUSA omitió cualquier referencia a la existencia del centro con personas con discapacidad, muy próximo a la ubicación del vertedero proyectado, en la documentación presentada ante el Ayuntamiento. “Estamos convencidos de que si se hubieran considerado desde el principio, se habrían tenido mejores opciones para intentar reconducir el problema”, añade.

A la vista del desarrollo de este controvertido proyecto, Valentia recuerda la historia de discriminación, olvido, silencio e invisibilidad sufrida durante muchos años por las personas con discapacidad intelectual y sus familias. “No podemos comprender que, una vez más, estas personas sean los nuevos olvidados y resulten invisibles, pues ni siquiera constan en las memorias presentadas”, lamenta Torrente. “Las familias, que llevan muchos años luchando en defensa de su dignidad, van a luchar por sus derechos hasta el final”, concluyen.