Debate político por el nuevo contrato del bus: planificación, costes y modelo de ciudad en el centro del conflicto

Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza presentó el 24 de noviembre los nuevos pliegos del contrato de autobuses urbanos, con una duración de diez años más cinco prorrogables y un presupuesto de 1.187 millones de euros. La gestión se basará en el número de kilómetros recorridos, lo que supone un incremento del 14% respecto a los actuales, alcanzando los 20 millones. Este aumento busca adaptarse al crecimiento urbanístico de la ciudad.

Los cambios entrarán en vigor en 2026 e incluyen mejoras en la frecuencia de 23 líneas, la fusión de las líneas 51 y 52, la modificación del recorrido de la 54 y la unión de las líneas 57 y 58 en una nueva línea 57 más eficiente. También se transformarán las lanzaderas del sur.

Los representantes de los principales partidos debatieron sobre el contrato. Tatiana Gaudés, del Partido Popular, defendió que el nuevo pliego es ambicioso y planificado, en contraste con el de 2013, que calificó de improvisado. Señaló que el modelo de pago por kilómetro es el más eficiente tras estudiar varias alternativas, y que se ha incorporado la variable de demanda para incentivar la mejora del servicio. También destacó que se han reforzado las penalizaciones y que el contratista asumirá el coste del progreso tecnológico, lo que implica una mayor transferencia de riesgo desde el Ayuntamiento.

Lola Ranera, del PSOE, criticó el elevado coste del contrato, que supera los 1.000 millones de euros, y alertó sobre el posible desequilibrio financiero del Ayuntamiento, respaldado por advertencias del interventor municipal. Defendió la necesidad de una línea de tranvía este-oeste con respaldo europeo y cuestionó la eliminación del autobús 24 en su barrio para poner en marcha las líneas C3 y C4, que según los vecinos apenas tienen pasajeros. También insistió en la necesidad de un modelo de ciudad bien planificado para alcanzar los 800.000 habitantes que plantea la alcaldesa.

David Flores, de Vox, consideró que los pliegos eran necesarios, ya que los anteriores estaban obsoletos, pero advirtió que no se podrán valorar sus efectos reales hasta 2027. Criticó que el modelo actual sigue siendo poco ambicioso, con problemas estructurales como el pago por kilómetro, el monopolio en la gestión, la falta de líneas troncales y un coste elevado que pasará de 80 a más de 100 millones de euros anuales. Reclamó una estrategia integral de movilidad que incluya autobuses, tranvías, cercanías y otros modos de transporte, y denunció que Zaragoza vive de espaldas a su periferia, con barrios y zonas industriales mal conectadas.

Elena Tomás, de Zaragoza en Común, advirtió que el coste total del contrato podría alcanzar los 3.300 millones de euros en diez años. Criticó la cláusula 4.5, que garantiza beneficios a la empresa concesionaria pase lo que pase, incluso si hay menos usuarios o suben los costes, lo que implicaría que la ciudadanía asumiría el reequilibrio económico. También cuestionó cómo se financiará este gasto, denunciando que las grandes empresas pagan menos impuestos mientras que el coste recaerá sobre los trabajadores.