Suspendido el desahucio a cinco familias de un bloque del Gancho: "No somos ocupas, llevamos años pagando como debe ser"

Zaragoza

Suspendido —de momento— el desahucio de 30 personas de un bloque de pisos de la calle Zamoray, en Zaragoza. Los vecinos afectados han explicado a la Cadena SER que llevan años pagando alquiler y facturas a una empresa que fue posteriormente adquirida por la SAREB (el conocido como “banco malo”, de titularidad pública). El juzgado, explican, considera que esos contratos no eran legales y les obliga a abandonar sus viviendas. En el bloque residen menores y personas dependientes. Afirman sentirse estafados. Esta paralización del lanzamiento, defienden, se ha conseguido gracias a la lucha de las vecinas organizadas en el Sindicato de Inquilinas.

Según relatan, el pasado mes de julio cinco familias del edificio recibieron la notificación de desahucio por la supuesta invalidez de sus contratos. Este viernes han acudido al juzgado y han logrado suspender, por ahora, el lanzamiento previsto para este lunes 10 de noviembre, aunque “tienen miedo” de que se fije una nueva fecha. El bloque era propiedad de una inmobiliaria que ahora ha pasado a manos del banco público. Es a esta empresa a la que, aseguran, han estado pagando puntualmente el alquiler y las facturas.

“No estamos ocupando ninguna vivienda, porque no nos hemos metido a la fuerza ni hemos usurpado ninguna casa. Llevamos años pagando como debe ser”, explica Lucía Cortés, una de las afectadas.

“Hemos intentado contactar con la SAREB para negociar. Solo pedimos que nos devuelvan nuestros contratos como estaban y poder seguir viviendo en nuestras casas”, añade Lizeth Rosales, otra vecina que, aunque no ha recibido la orden de desahucio, teme que también le llegue.

Piden un alquiler social

Eva, también residente en el número 2 de la calle Zamoray, vive con dos hermanos con dependencia que no pueden trabajar. Si se ejecuta el desahucio, afirma, se quedaría en la calle. Lucía Cortés, por su parte, vive con sus tres hijos de nueve, dos años y un bebé de pocos meses. “No tengo dónde irme, y con el precio actual de los alquileres no puedo pagar 800 euros por una vivienda”. Babacar, otro inquilino, explica que tiene problemas de salud que, en muchas ocasiones, le impide trabajar. Situación similar vive Florin, que guarda todas las facturas y recibos desde que vive en esta vivienda hace ocho años.

Los vecinos sospechan que detrás del desahucio hay una operación para convertir sus viviendas en pisos turísticos. “No somos personas con alquileres de corta duración. Somos gente que ha alquilado para vivir aquí a largo plazo”.

Piden mantener sus condiciones o acceder a un alquiler social. “Si de verdad quieren que nos quedemos, pueden ofrecernos nuevos contratos con las condiciones que consideren, aunque sea algo más caro. Somos vecinos de este barrio y llevamos muchos años viviendo aquí”.