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IU-Cambiar Huesca presenta alegaciones a las ordenanzas fiscales de 2026 y dice que el PP favorece a "los especuladores"

Pleno del Ayuntamiento de Huesca en el que se aprobaron las Ordenanzas fiscales para 2026

Pleno del Ayuntamiento de Huesca en el que se aprobaron las Ordenanzas fiscales para 2026

Huesca

Izquierda Unida-Cambiar Huesca ha presentado tres alegaciones al proyecto de ordenanzas fiscales de 2026 del Ayuntamiento de la capital altoaragonesa: contra la supresión del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana --plusvalía municipal--, contra la regulación actual de la tasa de basuras y contra la tasa por apertura de establecimientos y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Han afirmado que el PP favorece a "los más ricos y los especuladores".

La formación ha denunciado que eliminar el impuesto de plusvalías solo beneficia a los grandes tenedores y especuladores inmobiliarios. "Este tributo grava la compraventa rápida de viviendas con fines lucrativos y exime a la mayoría de la población, protegiendo el acceso a un bien de primera necesidad".

En Huesca, se registran dos compraventas diarias y casi la mitad se realizan sin hipoteca. Los 35 mayores propietarios acumulan más de 800 inmuebles. "¿A quién beneficia esta supresión? A quienes hacen negocio con la vivienda", han señalado desde Izquierda Unida-Cambiar Huesca, que lanzará una campaña ciudadana de denuncia.

En materia de tasas de residuos, la formación ha exigido que el Ayuntamiento cumpla la legislación estatal y europea basada en el principio de "quien contamina, paga". Han criticado que el Partido Popular "impida aplicar criterios progresivos que graven más a quienes generan más residuos y consumen más recursos, favoreciendo de nuevo a los sectores con mayor renta".

Por último, Izquierda Unida-Cambiar Huesca ha reclamado "compensaciones económicas para la ciudadanía ante los retrasos municipales en la concesión de licencias de obra y apertura".

Han denunciado que "el Ayuntamiento incumple el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, que obliga a informar a los solicitantes de los plazos de resolución, y exigen bonificaciones o exenciones cuando los retrasos sean responsabilidad de la gestión del Partido Popular".

 

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