El sinhogarismo de Zaragoza, a Pleno
Las concejalas de los cuatro partidos del Ayuntamiento han debatido en Hoy por hoy Zaragoza sobre este fenómeno que repunta
Zaragoza
El Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con Cruz Roja, ha realizado esta semana el recuento anual de personas que duermen en la calle. Se ha llevado a cabo el 26 de noviembre y ha contado con la participación de 300 voluntarios, distribuidos por todos los distritos de la ciudad. Este recuento, que cada año ha ofrecido una fotografía fija de la situación, en esta ocasión ha cobrado especial relevancia al no existir un recuento nacional como el de 2023. Aun así, el consistorio ha considerado imprescindible obtener datos propios para poder avanzar en políticas sociales.
En total, se han detectado 266 personas sin hogar en la vía pública: 200 hombres, 29 mujeres y 17 personas cuyo sexo no se ha podido identificar. El perfil también ha cambiado respecto a 2023. Mientras entonces el 60% era de origen extranjero, en 2025 el porcentaje ha ascendido hasta el 80%, y dentro de ese grupo, un 82% ha correspondido a hombres jóvenes africanos. Además, el dispositivo ha permitido realizar 127 entrevistas personales, claves para entender las necesidades reales y elaborar un análisis cualitativo que oriente futuras intervenciones.
Las concejalas del Ayuntamiento de Zaragoza han debatido sobre la situación que se vive en la capital aragonesa. Marián Orós, del PP, ha recordado que el albergue municipal continúa con su transformación. Lo que antes era un recurso limitado a seis noches cada tres meses se ha convertido en una puerta de entrada a procesos de inclusión social y laboral para quienes lo deseen, además de un punto de atención esencial en materia de salud. La ampliación del centro ha permitido abrir dos nuevos espacios con 40 plazas para hombres, y cuando las obras y el amueblamiento terminen, los servicios sociales se han previsto trasladar al nuevo edificio. Esto ha liberado espacio para crear 15 plazas destinadas a mujeres. En total, el albergue ha sumado 55 nuevas plazas, a las que se han añadido los cuatro pisos supervisados donde se trabaja la inserción sociolaboral. El objetivo municipal ha sido superar las 100 plazas a principios de año, aunque se ha reconocido que seguirán siendo insuficientes.
En el debate político, este diagnóstico ha provocado reacciones diversas. Desde el PSOE, Lola Ranera se ha lamentado que una ciudad con un presupuesto de más de mil millones de euros siga registrando cifras tan altas, y se ha insistido en que ninguna persona debería dormir en la calle. Se ha reclamado más vivienda social y una estrategia coordinada con el tejido asociativo. Ranera también ha reclamado más vivienda social y ha recordado los informes de Cáritas y FOESA, que muestran un incremento de la exclusión social en Aragón. Su postura ha defendido que el problema necesita recursos estables y una estrategia integral que impida que ninguna persona quede en la calle.
Por su parte, Vox, representado por Eva Torres, ha centrado su intervención en el aumento del porcentaje de personas de origen extranjero detectadas en el recuento. La portavoz ha afirmado que el 80% de los casos responde a inmigración “irregular y descontrolada” y ha advertido de que cualquier ampliación de plazas será insuficiente si no se frena la llegada de personas sin documentación. Vox ha reclamado un control más estricto de fronteras, acuerdos de repatriación y una política migratoria ligada al empleo. A su juicio, la situación actual ha demostrado que los presupuestos municipales no son ilimitados y que la ciudad ha quedado desbordada ante un fenómeno que, según su versión, se origina en decisiones del Gobierno central.
En el caso de Zaragoza en Común, Elena Tomás ha corregido el enfoque terminológico de Vox y ha recordado que “ninguna persona es ilegal”, sino que puede estar en situación administrativa irregular. ZeC ha acusado al Ayuntamiento de haber ignorado durante dos años las señales de alarma sobre esperas, problemas en el albergue y grupos durmiendo en el Centro de Historias, y ha denunciado que el consistorio haya impedido el empadronamiento de personas atendidas por entidades sociales. Además, Tomás ha cuestionado la eficacia del plan de choque presentado por el Gobierno municipal, del que ha dicho que apenas se conocen detalles y que no aborda el principal problema: la falta de vivienda pública. Para ZeC, las plazas temporales y los proyectos de tres meses “no han ofrecido una solución real”.
