El alquiler en Zaragoza se dispara: subidas de hasta un 40% previstas para 2026

Zaragoza

Vivir de alquiler en Zaragoza se ha convertido en un reto cada vez mayor. Actualmente, los precios oscilan entre 650 euros al mes por un apartamento funcional y hasta 2.000 euros si se busca una vivienda en pleno centro con todas las comodidades. La alta demanda y la escasa oferta están impulsando un mercado al alza, y las previsiones para 2026 son aún más preocupantes: más de 600.000 contratos firmados durante la pandemia se renovarán, lo que podría implicar incrementos de hasta un 33% e incluso un 40%, según el Sindicato de Inquilinos. El Ministerio de Consumo estima que en Aragón las subidas superarán los 800 euros anuales.

La problemática no se limita a las ciudades. En la comarca de Cinco Villas, unas 500 viviendas permanecen vacías por falta de reformas y conflictos de herencias, lo que ha motivado iniciativas para facilitar el acceso a la vivienda.

En Zaragoza, los precios varían según la zona: en el centro, los apartamentos pequeños cuestan entre 680 y 900 euros, mientras que los áticos y pisos grandes pueden superar los 1.000 y llegar a 2.000 euros. En Delicias, los alquileres rondan entre 700 y 850 euros, y en áreas como Universidad-Romareda o el Casco Histórico oscilan entre 700 y 1.600 euros según tamaño y extras. La tendencia apunta a que las viviendas bien conectadas y con servicios adicionales seguirán revalorizándose.

A esta situación se suman otros problemas: los seguros de impago dificultan el acceso a la vivienda, y personas que pagaban entre 300 y 500 euros ahora se enfrentan a alquileres de 800 euros, una cifra inasumible para salarios medios. El Sindicato de Inquilinos, como señala su portavoz Álvaro Coscolín, apuestan por la organización colectiva para frenar abusos, especialmente en bloques gestionados por grandes propietarios, como el caso de Aloy Salas con 323 viviendas, donde ya se han producido desahucios y duplicación de precios.

La incertidumbre aumenta ante el fin de la moratoria de desahucios aprobada en 2020, que afecta a unas 60.000 personas en España. Si no se renueva antes del 31 de diciembre, todas ellas quedarán expuestas al desalojo, lo que podría generar una situación similar a la crisis inmobiliaria de 2013-2014.

Mientras tanto, la Unión de Consumidores de Aragón organiza jornadas informativas para resolver dudas sobre contratos, fianzas y derechos. Entre las consultas más frecuentes, como apunta su abogada Alicia Arbe, destacan los gastos repercutibles, la fianza —que por ley es de un mes, más hasta dos adicionales como garantía—, la aceptación de mascotas, la prohibición de obras sin autorización y el subarriendo, que está prohibido salvo autorización escrita. También se denuncian casos de infravivienda y condiciones insalubres, como plagas de chinches y cucarachas, lo que evidencia la necesidad de conocer la normativa para evitar abusos.