CGT Enseñanza convoca tres días de huelga en enero contra la privatización y la falta de financiación de la Escuela Pública Aragonesa
CGT convoca huelga en defensa de la Escuela Pública en Aragón
Huesca
El sindicato CGT Enseñanza, segunda fuerza sindical en la escuela pública aragonesa, ha anunciado la convocatoria de tres jornadas de huelga los días 20, 21 y 22 de enero. El objetivo es exigir al Gobierno de Aragón que destine a la mejora de la Escuela Pública los fondos previstos para financiar la concertación del bachillerato y las subvenciones a la etapa educativa de 0 a 3 años.
La decisión se produce tras la reunión mantenida este jueves con las organizaciones sindicales del sector, que concluyó sin acuerdo. CGT acusa al Ejecutivo autonómico, presidido por Jorge Azcón, de “malgastar dinero público” favoreciendo a empresas privadas y a las familias con mayor poder adquisitivo, mientras los centros públicos sufren carencias en profesorado, personal no docente e infraestructuras.
José Luis Ruiz, portavoz del sindicato, ha recordado que “desde septiembre la comunidad educativa viene reclamando más recursos para cubrir necesidades básicas, pero la respuesta siempre ha sido que no hay dinero. Ahora comprobamos que sí lo hay, y se va a entregar a empresas privadas de manera innecesaria”.
CGT lamenta que la convocatoria no cuente con el respaldo de otras organizaciones, aunque confía en que se sumen colectivos estudiantiles, asociaciones de familias y otros sindicatos antes de las fechas señaladas. “El momento es ahora —subraya Ruiz—, porque el Gobierno sigue avanzando en la concertación del bachillerato y en los ataques a la Escuela Pública”.
El sindicato advierte que la medida podría tener consecuencias laborales graves: “Miles de interinos se verán obligados a trabajar en centros privados, con mayor precariedad y menos libertad docente”, señala Ruiz. Además, anuncia que las jornadas de huelga estarán precedidas por movilizaciones y campañas informativas para implicar a toda la comunidad educativa.
CGT concluye que la actuación del Gobierno del PP “evidencia una estrategia para desmantelar la enseñanza pública y priorizar el beneficio privado por encima del derecho a una educación accesible para todas”.