La auditoría sobre el Centro de Emergencias de Huesca evidencia que el proyecto aprobado por el PSOE es "inviable" técnica y económicamente
El informe constata un incremento económico superior a 446.000 euros, un aumento del 13 % del presupuesto al inicio de la obra
Ubicación planteada para el Centro de Emergencias de Huesca
Huesca
El Ayuntamiento de Huesca ha recibido el informe de auditoría técnica y económica del proyecto del Centro de Emergencias y Seguridad Ciudadana (CES), cuyas conclusiones confirman que el proyecto aprobado en marzo de 2023 por el anterior equipo de gobierno del PSOE resulta "inviable en su forma actual y no puede ejecutarse con garantías", tal como informan desde el consistorio mediante un comunicado.
La auditoría acredita la existencia de "graves deficiencias técnicas, incoherencias documentales y una falta de definición sustancial del proyecto", especialmente en el proyecto modificado de la Fase 1, correspondiente al parque de bomberos. Estas deficiencias afectan a elementos esenciales como la estructura, la cimentación, las instalaciones y el presupuesto.
El informe constata además un incremento económico superior a 446.000 euros, un aumento del 13 % del presupuesto al inicio de la obra "sin una justificación técnica sólida y con precios unitarios que no se ajustan a valores de mercado", lo que habría expuesto al Ayuntamiento a un alto riesgo de sobrecostes, retrasos y conflictos contractuales.
Resulta especialmente significativo que el proyecto fuera aprobado a escasas semanas de las elecciones municipales. Esta circunstancia lleva a sospechar que las carencias puedan ser consecuencia directa de una planificación deficiente y de un proyecto incompleto aprobado con prisas.
El propio Servicio de Urbanismo municipal ya había advertido en mayo de 2025 que la documentación presentada no reunía las condiciones técnicas necesarias para continuar su tramitación, una advertencia que la auditoría ratifica plenamente.
Ante este escenario, el Ayuntamiento de Huesca "no puede ni debe continuar con la ejecución de un proyecto que no ofrece garantías técnicas, legales ni económicas, y que comprometería la correcta gestión de los recursos públicos", señalan.
El actual equipo de gobierno reafirma su compromiso con "la transparencia, el rigor técnico y la responsabilidad institucional", y considera "imprescindible replantear desde la base cualquier futura actuación", priorizando la seguridad, la legalidad y el interés general por encima de anuncios o decisiones tomadas en clave electoral.
