"El acuerdo de los presupuestos no debería depender de las sanciones en la Zona de Bajas Emisiones, sino de lo que falta en los barrios"

Zaragoza

La inminente votación de los presupuestos municipales ha centrado el debate político y vecinal en Zaragoza. A pocos días del pleno en el que se decidirá su aprobación, representantes del movimiento asociativo han asegurado que las cuentas saldrán adelante “de una manera u otra”, ya sea mediante acuerdo político o a través de una cuestión de confianza.

Arturo Sancho, de la Federación de Barrios, ha sostenido que la aprobación “ha estado clara desde el principio” y ha recordado que la propia alcaldesa ha transmitido tranquilidad sobre la existencia de presupuesto para este ejercicio. En su opinión, el debate público ha girado en torno a cuestiones que “no han sido prioritarias para la mayoría de la ciudadanía”, en referencia a la polémica sobre la zona de bajas emisiones.

Desde la Unión Vecinal Cesaraugusta, José Antonio García ha compartido esa lectura y ha considerado que parte de la discusión ha respondido más a una estrategia de “ruido político” que a problemas estructurales de la ciudad. Ambos han coincidido en que la zona de bajas emisiones ha tenido un impacto limitado en el día a día, ya que han recordado que no se trata de un área de paso obligatorio, que existen excepciones para residentes y que los niveles de contaminación en el casco histórico han sido bajos en la mayor parte del año.

Frente a ese debate, los representantes vecinales han puesto el foco en lo que han definido como “abandono del mantenimiento ordinario”. García ha denunciado que se ha percibido una dejadez creciente en limpieza, cuidado de espacios públicos y conservación de infraestructuras básicas. Ha afirmado que la ciudadanía “ha estado harta” de ver calles con vallas durante meses, acumulación de suciedad y deficiencias en parques y plazas.

Precisamente, vecinos de La Jota y Avenida Cataluña han convocado una movilización para reclamar actuaciones urgentes. Entre sus demandas han figurado la mejora del mantenimiento urbano, el cumplimiento de frecuencias del autobús urbano y la extensión del carril bici hasta Santa Isabel. Las asociaciones han insistido en que estas reivindicaciones han sido históricas y que no han encontrado respuesta suficiente en los sucesivos presupuestos.

Otro de los puntos de crítica ha sido el modelo de desarrollo urbanístico. Sancho ha cuestionado que se haya priorizado la expansión con vivienda libre sin garantizar previamente equipamientos y servicios. Ha señalado que se han vendido suelos que durante años se habían presentado como destinados a vivienda pública y ha advertido de que el precio del alquiler ha crecido de forma notable en los últimos años, mientras no se ha reforzado la oferta asequible.

Además, han defendido la necesidad de incorporar un plan de barrios plurianual con un porcentaje fijo de la inversión municipal destinado específicamente a atender necesidades detectadas en cada distrito. A su juicio, se han priorizado grandes proyectos de impacto frente a intervenciones más cercanas al día a día de los vecinos.

Por último, han reclamado mayor atención institucional y mediática a las asambleas ciudadanas. Han explicado que recientemente se ha celebrado un encuentro multitudinario en La Almozara con cientos de asistentes y han lamentado que ese tipo de participación no haya tenido suficiente visibilidad.

En vísperas de la votación presupuestaria, el movimiento vecinal ha reiterado que la discusión no ha debido centrarse únicamente en equilibrios políticos, sino en responder a las demandas concretas de los barrios y en reforzar los servicios públicos que sostienen la vida cotidiana en la ciudad.