El eterno debate sobre la Zona de Bajas Emisiones y cómo funcionará tras el acuerdo presupuestario

Zaragoza

El debate sobre la zona de bajas emisiones ha vuelto a enfrentar a los grupos municipales en el Ayuntamiento de Zaragoza. La modificación de la ordenanza, acordada entre el Partido Popular y Vox como condición para aprobar el presupuesto de 2026, ha centrado el pleno quincenal con los concejales en Hoy por hoy Zaragoza. El cambio se ha sustentado en un informe jurídico que ha abierto la puerta a vincular las sanciones únicamente a episodios de alta contaminación. El Gobierno municipal ha defendido que ha intentado preservar las ayudas europeas y estatales asociadas, mientras la oposición ha advertido de posibles riesgos legales y de un retroceso en la lucha contra el cambio climático.

El concejal del Partido Popular, Ángel Lorén, ha recordado que el objetivo ha sido mantener la calidad del aire y preservar la posición de Zaragoza como una de las ciudades con mejor calidad de vida. Ha subrayado que la zona de bajas emisiones se ha vinculado a subvenciones que han ascendido a 20 millones de euros y que el Ejecutivo municipal ha considerado “línea roja” no poner en riesgo esa financiación. Según ha explicado, el informe de la asesoría jurídica ha permitido abrir una vía para modificar la ordenanza sin perder las ayudas, de modo que las sanciones solo se hayan aplicado cuando no se hayan cumplido determinados parámetros de contaminación. Lorén ha defendido que el acuerdo con Vox ha formado parte de una negociación más amplia para sacar adelante el presupuesto y ha celebrado que la ciudad haya contado ya con nuevas cuentas aprobadas.

Desde el Partido Socialista, Lola Ranera ha centrado su intervención en la emergencia climática. Ha asegurado que el cambio climático ha sido una realidad constatada y ha acusado a PP y Vox de haber asumido postulados negacionistas. Ha advertido de que las altas temperaturas registradas en la ciudad y en los centros escolares han evidenciado la necesidad de actuar con mayor ambición. A su juicio, la zona actual ya ha sido poco ambiciosa por su reducido perímetro y la falta de controles efectivos, y la modificación acordada ha supuesto un paso atrás. Ranera ha cuestionado la viabilidad de sancionar únicamente en función de mediciones puntuales de calidad del aire y ha augurado que la reforma haya podido acabar en los tribunales.

La portavoz de Vox, Eva Torres, ha rechazado que su formación haya negado el cambio climático, aunque ha cuestionado que la acción humana haya sido su causa principal. Ha reiterado que su grupo ha estado en contra de la zona de bajas emisiones por considerarla discriminatoria para familias y trabajadores con vehículos sin etiqueta ambiental. Ha defendido que "Zaragoza no ha sido una ciudad contaminada y ha citado informes recientes que han reflejado una mejora en los niveles de calidad del aire incluso antes de la implantación efectiva de la zona". Torres ha sostenido que vincular las restricciones a episodios concretos de contaminación no ha vulnerado la normativa europea y ha evitado multas “injustas” a los ciudadanos.

Por su parte, Elena Tomás, de Zaragoza en Común, ha acusado a PP y Vox de haber mentido a la ciudadanía. Ha recordado que en 2024 Vox presentó enmiendas a la ordenanza y que varias de ellas fueron aprobadas, lo que a su juicio ha demostrado que "no siempre han estado en contra de la medida". Ha alertado de que los estándares europeos se han endurecido con horizonte en 2030 y ha afirmado que la reforma ha puesto en riesgo el objetivo de lograr una Zaragoza climáticamente neutra. En su opinión, el Gobierno municipal ha desandado el camino recorrido en materia ambiental.