Aragón amenaza con abandonar el programa de auxiliares extranjeros de conversación por las sanciones del Gobierno Central
Educación denuncia que el Ministerio de Trabajo los considera trabajadores y no becarios. En la provincia de Teruel se han aplicado multas que superan los 100.000 euros
Auxiliares extranjeros de conversación en Aragón / Gobierno Arag
Zaragoza
Aragón está dispuesta a renunciar al Programa de Auxiliares Extranjeros de Conversación tras las inspecciones realizadas por el Gobierno central en su contratación. Desde la comunidad denuncian que no hay coordinación entre los Ministerios de Trabajo y Educación y que se está sancionando a las autonomías por aplicar unas condiciones que, aseguran, están fijadas por el propio Gobierno central.
En Aragón trabajan 101 auxiliares de conversación de inglés, francés o alemán, encargados de reforzar el bilingüismo en los centros educativos. De ellos, 25 están financiados por el Ministerio y 76 por el Departamento de Educación.
La directora general de Política Educativa, Ana Moracho, sostiene que, tras más de 20 años de funcionamiento del programa, la falta de coordinación entre ambos ministerios ha derivado en inspecciones y sanciones económicas a varias comunidades, entre ellas Aragón, pese a que —señala— “el único responsable del diseño del programa, de la selección de los auxiliares y de la gestión de su permiso de llegada es el Ministerio”. Añade también que “solo se está sancionando en las contrataciones que llevan a cabo las comunidades”.
Las sanciones se apoyan en la supuesta contratación de trabajadores extranjeros sin un permiso de residencia y trabajo previo. Sin embargo, desde Educación recuerdan que se trata de becarios, que “deberían tener un trato igual que aquellos que participan en programas formativos”, aunque la Inspección de Trabajo “los ha considerado trabajadores”. En Aragón, las multas se han registrado en Teruel y superan los 100.000 euros.
Por su parte, el Ministerio de Educación reafirma su intención de mantener el programa y garantizar su continuidad con seguridad jurídica, y asegura que seguirá dialogando con todas las partes implicadas.