Un "tronco central", una "guardia pretoriana" y una empresa de decoración como sociedad pantalla: las claves del caso Forestalia

Zaragoza

La Guardia Civil señala al presidente de Forestalia, Fernando Samper, como “tronco central” del supuesto entramado de mordidas a cambio de permisos para la implantación de energías renovables en Teruel. El sumario, al que ha tenido acceso la Cadena SER, detalla además el procedimiento por el que un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica se autoasignaba los proyectos de esta compañía y cómo presuntamente ocultaba las comisiones a través de sociedades pantalla.

La Guardia Civil señala a Samper como "rol de promotor y principal beneficiario del sector privado". Creen que, como presidente, "se le identifica como el receptor final de los tratos de favor administrativos que permitieron la aprobación de múltiples proyectos de energías renovables".

A ambos, así como a otras cuatro personas, se les está investigando por los delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. Según la UCOMA —la unidad de la Guardia Civil especializada en delitos medioambientales—, el ex alto cargo del Ministerio, Eugenio Domínguez, se asignaba a sí mismo los proyectos de Forestalia, una situación que numerosos testigos califican de “extraordinaria”. Así habría creado un sistema de tramitación “en paralelo” de las declaraciones de impacto ambiental (DIA). El informe añade que acudía “de forma habitual” a la sede de Forestalia en Madrid.

El sumario describe también un supuesto “complejo sistema de sociedades pantalla” para ocultar las presuntas mordidas procedentes de Forestalia, en el que participaba parte de la familia de Domínguez. Destaca una mercantil cuya administradora única es su esposa y cuyo objeto social es la decoración de interiores. La Guardia Civil sostiene que las contraprestaciones del grupo Forestalia “se valieron de sistemas de ocultación para evitar los mecanismos de transparencia y después integrarlos en el sistema financiero legal”. Además, señala a un notario como “herramienta esencial” para garantizar la opacidad de estas transacciones.

Acusaciones al ex director del INAGA

El informe detecta también “comportamientos irregulares” en el INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental). La Guardia Civil, a través de las declaraciones de testigos, asegura que se produjeron “situaciones extrañas” en la tramitación de permisos para estos parques.

El sumario señala además al exdirector del instituto, Jesús Lobera. Se le acusa de que los informes técnicos desfavorables eran "sistemáticamente ignorados o devueltos por él", y de recurrir presuntamente a consultoras externas para que redactaran informes “a su gusto”. También se le atribuye haber fragmentado el proyecto del Clúster del Maestrazgo para que su tramitación recayera en el INAGA y no en el Ministerio, dado que por su magnitud debería haberse gestionado desde Madrid. Un técnico que supuestamente se opuso fue apartado, y el propio exdirector asumió la tramitación. Asimismo, se le reprocha que sus informes tenían una “baja calidad técnica” y que estaban elaborados mediante copia y pega.

La Guardia Civil asegura en su informe que las reuniones entre el presidente de Forestalia y el INAGA "eran habituales" y "casi semanales". Sabiéndose, explican, que "había encuentros para tratar directamente un expediente que se hallaba en trámite".