Cinco exconsejeros de Cultura ven "catalanofobia" en la devolución de las obras de Sijena

Huesca

Cinco exconsejeros catalanes de Cultura han presentado este martes una querella contra el retorno de las pinturas murales de Sijena a su ubicación original para evitar los eventuales daños del traslado y han denunciado que la operación corresponde, en el fondo, a “una de las formas más elaboradas de catalanofobia”. La querella, interpuesta por los exconsejeros de Cultura Lluís Puig, Josep María Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borràs y Àngels Ponsa, se dirige contra la jueza Rocío Pilar Vargas, magistrada del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca que dictó la orden de devolución de las pinturas de Sijena al cenobio oscense, y los representantes del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Sijena.

“Es una de las formas más elaboradas de catalanofobia. Si la catalonofobia fuese un arte, el caso de Sijena sería una obra maestra porque todo se reduce a no querer que unas obras que fueron conservadas, expuestas y compartidas sigan estando en el lugar donde todo esto ha sido posible”, ha señalado este martes en una rueda de prensa la expresidenta del Parlamento de Cataluña y exconsejera de Cultura Laura Borràs.

“¿Seremos los catalanes el único pueblo de Europa y del mundo obligados a devolver obras, sin que el Prado tenga de devolver nada a nadie? Esto pretende ser una humillación fundamentada en una idea: tienen la absoluta convicción de que la catalinad se tiene que liquidar”, ha añadido el también exconsejero Ferran Mascarell.

El escrito, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, advierte de que el traslado de las obras desde su ubicación actual en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) al monasterio de Santa María de Sijena resultaría en la “destrucción” o “grave alteración” de las pinturas, catalogadas como Bienes de Interés Cultural, y que ello incurriría en un delito penal.“Ojalá podamos parar el daño irreparable para la humanidad que sería la destrucción de estas pinturas”, ha dicho por videoconferencia el exconsejero Lluís Puig, impulsor de la iniciativa.

La querella acusa a quienes ordenaron dicho traslado del delito previsto en el artículo 321 del Código Penal, que castiga con penas de prisión de entre seis meses y tres años de prisión o con multas de doce a veinticuatro meses a los autores de daños a “edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental”.

También señala que las pinturas, integradas en el Patrimonio Histórico Artístico, están sometidas a “tal grado especial de protección” que “decaen” otros derechos como el de ejecutar la sentencia dictada en julio 2016 por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca, que resolvió que las obras debían devolverse a Sijena, sentencia que fue confirmada por la Audiencia de Huesca en 2020 y ratificada por el Tribunal Supremo en mayo de 2025.Los querellantes, representados por el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, han acusado a la Generalitat y al Ministerio de Cultura actuales de no preocuparse por salvar las obras y han asegurado que con esta iniciativa pretenden “remover conciencias”.

El texto respalda su argumento en los informes periciales emitidos por instituciones independientes especializadas que determinan “el peligro seguro de deterioro o destrucción” en caso de desplazamiento, entre los cuales los del mismo MNAC, quien recuerda “advirtió de forma reiterada que los traslados implicarán pérdida parcial o total de los murales, así como daños irreversibles en estos”.

Su pretensión, concluye la querella, es “evitar la destrucción de unas obras universales insustituibles, y no parangonables con los derechos posesorios de una Comunidad Religiosa, o con la pretensión política pergeñada a través de unos supuestos derechos posesorios y de ubicación territorial en una Comunidad Autónoma, a través de una voluntad política interesada y espuria expresada por la Diputación General de Aragón y por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena”.

El Gobierno de Aragón ha rechazado este mismo martes la iniciativa, que ha calificado de “intimidatoria e inaceptable”, al considerarla un intento de obstaculizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes que ordenan la devolución de las pinturas.