La cultura como derecho: el plan que busca cambiar las reglas del juego

Zaragoza

Zaragoza ha acogido recientemente la presentación del Plan de Derechos Culturales impulsado por el Ministerio de Cultura, concebido como una hoja de ruta para el periodo 2025-2027. El documento, dotado con 79,3 millones de euros, propone un cambio de enfoque en las políticas culturales al considerar la cultura no como un complemento, sino como un derecho humano fundamental y un bien común. Este planteamiento busca integrar la cultura en ámbitos como el bienestar social, la salud democrática o la justicia, reforzando su papel dentro de la sociedad.

El plan parte de una fase de diagnóstico que ha puesto sobre la mesa varias carencias estructurales. Entre ellas, destaca que la cultura sigue sin percibirse como una prioridad social frente a otras preocupaciones como la vivienda o el empleo. Además, se han identificado desigualdades en el acceso y la participación cultural, condicionadas por factores como la renta, el territorio o la edad. En comunidades con desequilibrios geográficos, como Aragón, estas diferencias se hacen más evidentes, con una oferta cultural más limitada fuera de los grandes núcleos urbanos.

Otro de los aspectos clave que recoge el diagnóstico es la persistencia de la precariedad en el sector cultural, una realidad ampliamente compartida por quienes trabajan en él. A esto se suman desigualdades de género y dificultades para integrar la diversidad cultural del país, así como una menor atención a públicos como la infancia, la juventud o las personas mayores. También se señala la dificultad de medir el impacto real de la cultura más allá de los datos económicos, especialmente en términos de bienestar emocional o cohesión social.

A partir de este análisis, el plan establece cinco grandes líneas estratégicas: garantizar la democracia cultural, afrontar los retos contemporáneos desde la cultura, promover un ecosistema cultural sostenible e independiente, consolidar los derechos culturales como marco de acción pública y reforzar el papel de la administración en este ámbito. En total, se han definido 146 medidas que, aunque ambiciosas sobre el papel, deberán demostrar su aplicación real en los próximos años. El objetivo final es claro: reconocer la cultura como un derecho esencial y asegurar su acceso en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía.