La cara B de la sanidad universal: casi 600 personas en Aragón sin acceso efectivo a la atención sanitaria

Zaragoza

Esta semana, marcada por la conmemoración del Día Mundial de la Salud, ha vuelto a poner el foco en un sistema que se define como universal pero que, en la práctica, deja a cientos de personas fuera. La plataforma Salud Universal ha documentado cerca de 600 casos en Aragón de personas que no pueden acceder de forma efectiva a la atención sanitaria, una cifra que evidencia que la exclusión en salud sigue siendo una realidad para los colectivos más vulnerables.

Según denuncian las entidades que integran la plataforma, entre ellas Médicos del Mundo Aragón, el acceso a la sanidad se ha convertido para muchas personas en una auténtica carrera de obstáculos. La falta de empadronamiento, la pobreza farmacéutica, las barreras idiomáticas o culturales y la situación administrativa irregular son algunos de los principales impedimentos que dificultan la atención médica y el acceso a tratamientos. “Cuando una persona no puede empadronarse, queda fuera no solo del sistema sanitario, sino también de los servicios sociales”, explica María Jesús Viñales, coordinadora de Médicos del Mundo Aragón. A ello se suma el aumento de la pobreza farmacéutica, que impide a muchas personas pagar medicamentos esenciales incluso cuando han logrado una prescripción médica.

El estudio revela además que la exclusión no suele responder a una única causa. En los casi 600 casos analizados se han identificado más de 1.100 barreras, lo que demuestra que muchas personas afrontan múltiples dificultades de forma simultánea. Mujeres migrantes, personas sin hogar, víctimas de violencia o explotación, población infantil y personas en situación administrativa irregular conforman el grueso de los casos detectados.

La sanidad en prisión, otra realidad invisible

A esta situación se suma la preocupación por la atención sanitaria en los centros penitenciarios aragoneses. Un informe reciente alerta de un colapso del sistema médico en las cárceles, marcado por la escasez de personal, los retrasos en diagnósticos y derivaciones y la sobremedicalización de los internos. “Hay internos con enfermedades graves o discapacidades reconocidas que no están recibiendo la atención adecuada”, denuncia Laura Navarro, portavoz del informe. Los testimonios recogidos hablan de diagnósticos tardíos, tratamientos inadecuados y casos de urgencia atendidos sin medios suficientes, con situaciones límite en las que son otros presos quienes trasladan a los enfermos ante la ausencia de personal médico.

El informe vuelve a poner sobre la mesa la reivindicación histórica de transferir las competencias sanitarias penitenciarias a las comunidades autónomas, como ya ocurre en País Vasco, Navarra y Cataluña, donde los estudios muestran una mejora significativa en la atención médica.

Aunque el reciente Real Decreto estatal sobre acceso a la atención sanitaria para personas extranjeras supone un avance, las organizaciones sociales advierten de que no alcanza todavía una universalidad real y reclaman su aplicación efectiva sin restricciones, así como una mejor información tanto al personal sanitario como a las personas más vulnerables.

Mientras tanto, la realidad sigue dejando fuera del sistema a cientos de personas en Aragón, en una semana en la que, paradójicamente, se celebra el derecho a la salud. Una cara B que permanece poco visible, pero que cuestiona el carácter verdaderamente universal de la atención sanitaria.