Debate sobre el futuro del Parque de Atracciones: “Garantías, inversión y modernización”, frente a “chapuzas, opacidad y peligro para trabajadores y Pinares”
Los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza han confrontado posiciones sobre la reapertura, la concesión y la situación laboral de la plantilla del histórico recinto zaragozano

Zaragoza
El futuro del Parque de Atracciones de Zaragoza ha protagonizado este lunes el debate en la sección Concejales en Pleno, con la presencia de representantes de los grupos municipales y con un escenario marcado por la incertidumbre sobre la reapertura, la nueva concesión y la situación de los trabajadores. El debate se ha producido un año después de que se conociera que el grupo Morte y Phoenix Entertainment, con un 20% y un 80% respectivamente, asumirían la gestión del nuevo modelo del parque impulsado por el Ayuntamiento.
Desde el Partido Popular, el concejal Ángel Lorén ha defendido que el Ayuntamiento ha realizado “unos pliegos garantistas y exigentes” y ha asegurado que se ha mantenido la apuesta por un parque “a la altura de lo que merece Zaragoza” tras el fin de una concesión de 50 años. Ha recordado que los pliegos han exigido una inversión de 17 millones de euros, un canon superior a los 70.000 euros y una aportación específica para la protección de los Pinares de Venecia. Lorén ha explicado que la adjudicataria ha sido la sociedad Moncayo Leisure, que ha depositado una fianza de 600.000 euros, y ha señalado que el Ayuntamiento ha priorizado la seguridad y el cumplimiento de las inspecciones técnicas. También ha indicado que la reapertura se ha previsto de forma progresiva entre julio y noviembre, siempre que se superen las inspecciones y se valide la situación económica del grupo Morte, actualmente en preconcurso de acreedores.
La portavoz socialista, Lola Ranera, ha destacado el valor simbólico y emocional del Parque de Atracciones para varias generaciones de zaragozanos y ha reprochado al Gobierno municipal la falta de previsión. Ha asegurado que el proceso ha sido una “chapuza” que ha puesto en riesgo el empleo y ha recordado que la UTE adjudicataria se comprometió en su oferta a la subrogación de los trabajadores. Ranera ha exigido que se garantice el mantenimiento de los 81 puestos de trabajo y ha insistido en que la prioridad debe ser dar seguridad a las familias afectadas.
Desde Vox, Eva Torres ha compartido la necesidad de modernizar el parque, pero ha criticado duramente la “falta de transparencia” en todo el proceso. Ha cuestionado que solo se haya presentado un licitador y ha reclamado conocer los informes técnicos y jurídicos que han avalado decisiones como la orden de continuidad para el anterior concesionario. Torres ha advertido de que no se debe invertir dinero público, en referencia a los más de cinco millones previstos para el entorno, hasta que el proyecto esté claramente definido. Además, ha subrayado que la concesión, de 50 años y sobre más de 150.000 metros cuadrados de dominio público, ha obtenido una puntuación muy baja y cero puntos en el apartado económico.
Por parte de Zaragoza en Común, Suso Domínguez ha afirmado que el proyecto ha acumulado “un suma y sigue de malas noticias” desde su anuncio en 2024. Ha denunciado la privatización de cinco hectáreas de los Pinares de Venecia y el impacto ambiental sobre miles de árboles. Domínguez ha puesto el foco en la solvencia económica de las empresas adjudicatarias y ha mostrado su preocupación por la situación de los 81 trabajadores, 69 de ellos en ERTE, sin un horizonte claro. También ha dudado de que se llegue a ejecutar el canon ambiental anunciado por el Gobierno municipal.




