Ramón Acín, Concha Monrás y el juez Llidó, "reparados" por la Ley de Memoria Democrática
Los autos dictados en los tribunales de Huesca anulan las actuaciones de los tribunales de represión franquista por los que fueron asesinados
Víctor Pardo, historiador e investigador de la figura de Ramón Acín, perito a propuesta de la fiscalía de memoria en este caso, valora la resolución.
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Huesca
El tribunal de instancia n.º 5 ha dictado un auto relativo a los hechos ocurridos en Huesca el 6 y el 23 de agosto de 1936, en los que el artista anarcosindicalista Ramón Acín y su esposa Concha Monrás fueron detenidos, asesinado Ramón el mismo día y posteriormente Concha. Por su parte, el tribunal n.º 4 recoge las circunstancias que llevaron al paredón al juez Juan Llidó Pitarch, igualmente el 23 de agosto, fecha en la que hasta 95 personas fueron fusiladas por los sublevados franquistas en las tapias del cementerio de Huesca. Las tres víctimas de la represión quedan reparadas de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática en vigor.
Ambas instancias judiciales asumen en los respectivos autos dictados los antecedentes de hechos pasados formulados por la fiscalía delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Huesca. En los dos casos, han sido los familiares de las víctimas acogidos a la Ley de jurisdicción voluntaria los que han solicitado un amparo judicial que han obtenido tras las correspondientes vistas celebradas en los juzgados de la ciudad.
La resolución dictada el pasado 7 de abril en el caso de Ramón Acín, dado que su muerte fue extrajudicial, solo anula la actuación del Tribunal de Responsabilidades Políticas que sancionó en 1938 al artista autor de Las Pajaritas, con una multa de 20.000 pesetas. «Esta sanción –señala la magistrada Alicia Bustillo– , injustamente acordada y sin las más mínimas garantías, después de la muerte del señor Acín y con el único propósito de proseguir con la persecución ideológica de la familia, es nula de pleno derecho».
En idéntico sentido se ha pronunciado la magistrada-juez Laura Marín en su auto de 27 de marzo en el que se relatan las circunstancias de la detención y muerte del juez castellonense con ejercicio en Huesca, Juan Llidó Pitarch, separado de su cargo por orden militar en el momento de la detención.
A Llidó Pitarch se le incoó expediente de Responsabilidades Políticas y también fue perseguido por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, en los dos casos las acciones se materializaron tras su muerte. Ambas actuaciones han quedado anuladas y la decisión de nulidad de la magistrada puesta en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial.
Ramón Acín, Concha Monrás y Juan Llidó han quedado inscritos en el Registro y Censo Estatal de Víctimas de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, así como en el inventario de incautación de bienes y sanciones económicas.
