La Policía detiene a dos personas implicadas en el fraude de una prueba de auxiliar administrativo en Jaca

Jaca

Agentes de Policía Nacional han detenido en Jaca a dos personas por un delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos durante unas oposiciones. La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por miembros del tribunal de procesos selectivos para cubrir plazas vacantes en el Ayuntamiento de Jaca en relación con un examen de oposición.

El examen se componía de 100 preguntas teniendo acceso completo solo la presidenta y la secretaria del tribunal. Tras la corrección del examen observaron que una de los aspirantes había obtenido una calificación llamativamente alta, teniendo en cuenta el nivel previsto en la prueba y en comparación con el resto de los aspirantes.

Las gestiones realizadas por el Grupo Operativo Local permitieron comprobar la trazabilidad del fichero del documento que contenía el examen preparado para ese día, constatándose de dicho análisis que un trabajador del Ayuntamiento de Jaca había accedido a dicha carpeta sin autorización.

97 de 100 preguntas

Asimismo, confirmaron la relación sentimental que unía a este trabajador del Ayuntamiento con la aspirante que contestó 97 preguntas correctamente sobre 100.

Por parte de la Comisaría Local de Jaca se ha realizado una copia de seguridad de los datos informáticos, trazabilidad y evidencias para su análisis y extracción del contenido.

Las personas investigadas fueron citadas en dependencias de la Policía Nacional de Jaca, procediéndose a su detención y posterior puesta en libertad, remitiendo las diligencias practicadas a la autoridad judicial competente.

Repetición

Con fecha del 22 de abril el alcalde de Jaca Carlos Serrano firma una resolución en la que se ordena la repetición de la prueba del proceso selectivo para la cobertura de tres plazas de auxiliares administrativos vacantes en la plantilla de personal funcionario del ayuntamiento.

Todo apunta a que se detectaron irregularidades en la gestión de la prueba ante una posible filtración de información, desde dentro del ayuntamiento, relacionada con el contenido del examen, lo que habría comprometido la igualdad de condiciones entre los aspirantes. Un caso que está judicializado y que coincide con la suspensión de empleo y sueldo de un trabajador municipal.

A partir de ahora y tras la resolución de alcaldía se otorga un plazo de diez días hábiles a los interesados que puedan formular alegaciones fundadas en derecho.

Se ha notificado a los interesados la resolución ‘haciéndoles saber que la presente resolución no agota la vía administrativa por tratarse de un acto de trámite’ por lo que no procede interponer recurso alguno.