Aragón endurece el protocolo antiacoso y obliga a actuar de inmediato en todos los centros
La orden obliga a los equipos directivos a activar el protocolo correspondiente ante cualquier indicio razonable de acoso, sin necesidad de esperar a que los hechos se demuestren plenamente
Aragón endurece el protocolo antiacoso y obliga a actuar de inmediato en todos los centros / japatino
Huesca
El Gobierno de Aragón ha publicado una nueva orden que obliga a todos los centros educativos, incluidos los privados, a activar de forma inmediata los protocolos ante cualquier indicio de acoso escolar, reduce los plazos de resolución y exige la adopción de medidas de protección para la víctima en un máximo de 24 horas, que prevé que entre en vigor en septiembre.
Además, según la orden publicada este lunes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), se aligera la carga burocrática para los centros, que deberán cumplimentar 4 anexos en vez de 10, de forma que nueva normativa mejora y agiliza los protocolos de actuación en los centros educativos, amplía su ámbito de aplicación y refuerza de forma significativa la protección del alumnado ante cualquier indicio de violencia entre iguales.
Una de las principales novedades de la norma es que los protocolos de actuación frente al acoso escolar serán de aplicación en la totalidad de los centros educativos de Aragón, con independencia de su titularidad.
De este modo, según ha informado el Gobierno de Aragón, la medida garantiza una respuesta común y coherente en todo el sistema educativo aragonés y se alinea con la normativa estatal de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
La orden obliga a los equipos directivos a activar el protocolo correspondiente ante cualquier indicio razonable de acoso, sin necesidad de esperar a que los hechos se demuestren plenamente. Esta activación temprana permitirá intervenir de forma preventiva y evitar la posible agravación de las situaciones.
Aunque la norma prevé un plazo de seis meses para adaptar los protocolos, el Departamento de Educación ya ha avanzado en la reducción de procedimientos y también en la carga documental que asumen los centros educativos.
De esta forma, los centros deberán adoptar medidas de protección para la víctima en un plazo máximo de 24 horas, reforzando la seguridad, el acompañamiento y la atención inmediata al alumnado afectado.
Y el plazo máximo para instruir el procedimiento y resolver se reducirá de los 21 días actuales a 10, lo que acelerará la investigación de los hechos y la adopción de medidas educativas, restaurativas o disciplinarias. La documentación que deben aportar los centros educativos se reducen de diez a cuatro, facilitando la gestión de los casos.
La normativa refuerza también las medidas de prevención, detección temprana y sensibilización, que deberán integrarse en los planes de convivencia de los centros, y se garantiza en todo momento la confidencialidad, la comunicación con las familias y la coordinación con la Inspección de Educación, la Red Integrada de Orientación Educativa y, cuando sea necesario, con los servicios sociales, sanitarios y los cuerpos de seguridad.
El Departamento de Educación prevé que los nuevos protocolos estén concluidos y en vigor en septiembre, con el inicio del próximo curso escolar, tras las correspondientes jornadas de formación y difusión con la comunidad educativa.
Con esta nueva normativa, Aragón da un paso "decisivo en el refuerzo de la protección del alumnado y en la consolidación de un entorno educativo seguro, inclusivo y respetuoso, dotando a los centros de procedimientos más claros, rápidos y eficaces para hacer frente al acoso escolar desde el primer indicio", ha aseverado la consejera de Educación, Tomasa Hernández.