Regularización entre "caótica e impuesta" frente a un proceso necesario para "reconocer derechos"

Zaragoza

Concejales en Pleno ha abordado este lunes el arranque del proceso de elaboración de informes de vulnerabilidad para personas migrantes en Zaragoza, en el marco del proceso extraordinario de regularización abierto en España. El debate se ha centrado en la gestión municipal, la coordinación con la Delegación del Gobierno y las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento tras los primeros días de colapso y largas esperas.

Desde el Partido Popular, la consejera Marían Orós ha defendido que el Ayuntamiento ha solicitado información y coordinación desde el inicio y ha acusado al Gobierno central de falta de planificación. Ha señalado que el 28 de febrero ya se han pedido criterios e instrucciones “por registro general”, y ha sostenido que el decreto se ha aprobado “con opacidad” y sin debate parlamentario. Ha afirmado que la regularización “si no se hacía de manera ordenada y planificada, se ha convertido en caos y frustración”. Orós ha explicado que, tras los primeros días de afluencia masiva, el Ayuntamiento ha articulado una oficina específica en la Casa de las Culturas, ha adaptado el modelo de acreditación incorporando el sistema de servicios sociales y ha habilitado atención de mañana y tarde, con una capacidad estimada de 140 expedientes diarios. También ha recordado que la atención se ha organizado con cita previa a través de una línea telefónica y que se ha empezado por las solicitudes ya registradas.

La portavoz del Partido Socialista, Lola Ranera, ha criticado duramente la actuación del gobierno municipal y ha lamentado que el proceso se haya vivido “con muchísima tristeza”. Ha acusado al Ayuntamiento de haber generado de forma deliberada una imagen de colapso al centralizar los trámites en la Plaza del Pilar y cerrar la atención en las juntas de distrito. Según ha dicho, esa decisión ha buscado “visualizar el caos” para confrontar políticamente con el Gobierno de España. Ranera ha defendido que el proceso ha reconocido derechos de personas que ya llevaban tiempo viviendo en el país y ha recordado que otros gobiernos también han impulsado regularizaciones extraordinarias. Además, ha señalado que el PSOE ha acudido al Justicia de Aragón para proteger el derecho de acceso a los certificados y ha advertido de un “seguidismo” del PP respecto a discursos de Vox.

Desde Vox, Eva Torres ha rechazado de plano el decreto y ha afirmado que se ha tratado de una regularización “impuesta” por el Gobierno de Pedro Sánchez, sin consenso parlamentario ni social. Ha sostenido que la medida ha lanzado el mensaje de que “incumplir la ley tiene premio” y ha advertido de su impacto en los servicios públicos, la vivienda, la educación y la seguridad. Torres ha asegurado que la Comisión Europea ha trasladado preocupaciones al Ejecutivo por una medida que, a su juicio, se ha desalineado de la política comunitaria, basada en disuadir la inmigración irregular y aumentar los retornos. También ha hablado de “agravio comparativo” respecto a quienes han llegado de forma regular y llevan años cotizando.

Por último, Elena Tomás, de Zaragoza en Común, ha acusado al Partido Popular de haber “obstaculizado” el acceso a los certificados de empadronamiento y vulnerabilidad. Ha criticado la centralización del proceso en la Casa de las Culturas cuando, según ha dicho, los centros municipales de servicios sociales también podrían haber tramitado los informes. Tomás ha denunciado que se haya mantenido a las personas esperando fuera de las dependencias municipales y ha calificado la situación de “racismo institucional”, aludiendo a la existencia de filas diferenciadas. A su juicio, el caos no ha sido inevitable, sino consecuencia directa de decisiones políticas del gobierno municipal.