El acuerdo de MERCOSUR ha entrado hoy en vigor y alarma al campo aragonés por la seguridad alimentaria

Zaragoza

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y MERCOSUR ha entrado en vigor y ya ha encendido las alarmas en el sector agrario. Un tratado que prevé la eliminación progresiva del 91 % de los aranceles y que, según denuncian las organizaciones agrarias aragonesas, pone en jaque la seguridad alimentaria, la competencia en igualdad de condiciones y la supervivencia de las explotaciones familiares.

Los sindicatos advierten de que el acuerdo permitirá la entrada en el mercado europeo de productos procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, elaborados bajo normativas mucho menos exigentes que las que se aplican en la Unión Europea.

“Estamos poniendo en las estanterías de los supermercados productos producidos en Europa con una trazabilidad número uno a nivel mundial, junto a otros producidos en países con normativas que desconocemos y que ni por asomo llegan a las exigencias europeas”.

Así lo ha expresado Alberto Escura, secretario provincial de UAGA en Teruel, quien subraya que esta falta de reciprocidad normativa genera una competencia desleal directa para los agricultores europeos.

Producción más barata y menos controles

Esta no es la única preocupación. Las organizaciones agrarias alertan de que los países del MERCOSUR producen con menores costes, una mano de obra más barata y con menos exigencias medioambientales y sanitarias, lo que se traduce en precios finales considerablemente inferiores. Una situación que, según señalaron en el último I+D Agro organizado por la SER en Teruel, deja en clara desventaja al sector primario europeo.

La inquietud va en aumento. Paco Latorre, portavoz de AEGA, denuncia además la falta de información clara para el consumidor: “Utilizan fitosanitarios y pesticidas que aquí están prohibidos y, sobre todo, no hay un etiquetado claro en los productos que llegan a los lineales. El consumidor no puede apreciar la diferencia entre el producto local, con todas las garantías sanitarias, y el que viene de fuera, que no las cumple”.

Por este motivo, reclaman reciprocidad en las normas, mayor protección para las explotaciones familiares y garantías reales para la salud pública y los consumidores.

Dudas sobre las cláusulas de salvaguarda

Desde ASAJA Teruel, su representante José María Cebollada cuestiona la efectividad de las cláusulas de salvaguarda incluidas en el acuerdo, al considerar que son difíciles de aplicar y controlar.

“Si en una autovía está prohibido ir a más de 100, pero todo el mundo sabe que no hay radares, al final nadie cumple. Pues esto es lo que va a pasar con las cláusulas de salvaguarda: no nos valen porque no podemos controlar lo que sucede en Argentina”.

La PAC, en una negociación clave y con recortes sobre la mesa

Todo ello coincide con un momento decisivo en la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC), marcada por una fuerte batalla presupuestaria. El presidente de UPA Aragón, José Manuel Roche, explica que la propuesta inicial de la Comisión Europea planteaba un recorte que encendió todas las alarmas en el sector. “La propuesta suponía una reducción presupuestaria del 23 %. Pasábamos de 400.000 millones de euros a 300.000 millones, o lo que es lo mismo, para España, de unos 47.000 millones a 37.000”.

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La negociación ha entrado ahora en una fase más operativa con la constitución de las comisiones clave del Parlamento Europeo. Entre abril y mayo podrían cerrarse las negociaciones internas, antes de que en el segundo semestre del año comiencen los trílogos entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo.

El objetivo oficial es que la nueva PAC entre en vigor en 2028, aunque desde UPA Aragón lo consideran poco realista. “El Parlamento Europeo ha planteado incrementar la PAC en 137.000 millones de euros tras las presiones del sector, pero no hay nada cerrado”, señala Roche.