Arranca el plazo para solicitar el ingreso mínimo vital
Este lunes arranca el plazo para solicitar el ingreso mínimo vital (IMV), la nueva prestación aprobada por el Gobierno de España con el objetivo de luchar contra la vulnerabilidad económica y fomentar la inclusión social y que beneficiará a alrededor de 850.000 familias en toda España.
Aunque la presentación de solicitudes comienza este lunes, y para dar tiempo a los interesados a recopilar toda la información y la documentación necesarias, el Gobierno ha establecido que todas las solicitudes presentadas hasta el 15 de septiembre, en caso de ser aprobadas, tendrán efectos económicos desde el 1 de junio de 2020.
La forma más sencilla de pedir la ayuda es a través de la web de la Seguridad Social . Así, desde un teléfono móvil, una tablet o un ordenador puede presentarse la solicitud cualquier día de la semana y a cualquier hora. Cuando la situación sanitaria lo permita, también se podrá acudir a los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).
Los ciudadanos disponen de una herramienta de simulación, donde pueden comprobar si cumplen los requisitos para acceder a esta prestación, y de una línea de teléfono para realizar consultas concretas (900 20 22 22).
Requisitos
El primer requisito para acceder al IMV será el de la vulnerabilidad económica. También habrá que haber solicitado las prestaciones y pensiones a las que pudiera tener derecho.
Habrá un titular por unidad de convivencia, que deberá tener entre 23 y 65 años, salvo en los casos en que se cuente con menores a cargo, en los que no habrá requisito de edad. Si el solicitante vive solo, tendrá que acreditar que lleva tres años viviendo de manera independiente de sus progenitores y tendrá que haber estado de alta en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social durante al menos doce meses.
Si los solicitantes viven integrados en una unidad de convivencia ésta tendrá que llevar constituida al menos un año a la presentación de la solicitud.
Para todos los solicitantes se requerirá al menos un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España, excepto en las situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual.
Para que le sea reconocida la prestación, el hogar debe tener unos ingresos totales inferiores a la renta garantizada para su tipo de unidad de convivencia. Además, se exigirá un patrimonio (descontando la vivienda habitual) inferior a 3 veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, con una escala de incrementos por número de miembros en el hogar.
Para el reconocimiento de la prestación se tendrán en cuenta los ingresos del año inmediatamente anterior, aunque para atender las situaciones de vulnerabilidad generadas por la pandemia de COVID-19, también se podrá reconocer para solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situación de ingresos de este año.
En el caso de que el titular no esté ocupado, se exigirá la inscripción como demandante de empleo para el acceso a la prestación.
