Desplome en las ventas de automóviles en la provincia de Huesca el pasado mes de marzo

El mes de marzo se ha saldado con tan solo 80 matriculaciones de turismos y todoterrenos en la provincia de Huesca, evidentemente correspondientes a las dos primeras semanas del mes, antes de que se decretase el Estado de Alarma, que supuso el cierre de la actividad comercial de ventas de los concesionarios de vehículos. Supone un descenso del -76,40% con respecto a marzo de 2019, cuando se vendieron 339 vehículos. La caída en la provincia fue mayor este mes pasado que en Zaragoza y en Teruel.

De las 80 matriculaciones realizadas, 60 fueron para particulares (146 menos que en marzo de 2019), lo que supone un 70,87% menos, y 19 fueron para empresas (103 menos), un 84,43%. Además, hace un año se habían vendido 11 vehículos para alquiler, y en esta ocasión solo uno, con un descenso del -90,91%.

Por lo que respecta al acumulado de enero a marzo, se han vendido 717 vehículos, 303 menos que en el mismo periodo del año pasado (1.020), un -29,71%. Fueron 428 para particulares (234 menos), un -35,35%, y 281 para empresa (61 menos), un -17,84%.

Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, indica refiriéndose al ámbito nacional, que ha sufrido de igual manera, que “Las cifras hablan por sí mismas: el descalabro en las matriculaciones es histórico. Con los concesionarios cerrados, esperamos un mercado inexistente o con caídas cercanas al 90% los dos próximos meses. Pese a ello, deberíamos aspirar a tocar fondo antes de que acabe el primer semestre y trabajar duro en la segunda mitad del año para arrancar de nuevo el sector. La acción de los gobiernos central y autonómicos es clave para controlar el virus, pero también lo va a ser para articular un plan de choque con medidas concretas y coyunturales, si queremos que el automóvil sea realmente el motor de la recuperación.

Al respecto es esencial que se dejen de cometer los errores de coordinación y criterio entre el Gobierno y las comunidades autónomas que estamos viendo, e incluso entre los diferentes ministerios, a la hora de poner en marcha medidas económicas y laborales tan necesarias para amortiguar el impacto de la pandemia, pero que están resultando unilaterales y que tendrán efectos negativos para las empresas, para los trabajadores y, por extensión, a la recuperación.