Ecologistas en Acción considera que la expropiación agrava el escándalo de Castanesa

La declaración de urgencia, por parte del Consejo de Gobierno, de la expropiación de las tierras de los propietarios y familias de Castanesa, es según Ecologistas en Acción y la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, una decisión, que permitirá a las máquinas de la empresa Aramón la invasión inmediata de las tierras de los habitantes del valle, si la justicia no lo impide, de una gravedad absoluta y supone sobrepasar los últimos límites legales.

Señalan que supone, por un lado, ejecutar una política de hechos consumados. Tras conocerse que los vecinos de Castanesa se negaban a ser expoliados y que, para defenderse, habían llevado el asunto a los tribunales, quedaba claro que el proceso acabaría con la justicia dando la razón a los habitantes del valle, como la admisión a trámite adelantaba, y siguiendo lo ya sucedido hace una década cuando todos los tribunales declararon ilegal el Plan Urbanístico de Montanuy con el que Aramón quería financiarlo.

Califican la respuesta del Gobierno de Aragón, ante es hecho, como vergonzosa y avasalladora: declarar la expropiación forzosa y urgente, para que sea inmediata, mientras todavía se está decidiendo en los tribunales si es legal o no, de modo que, cuando se produzca la sentencia, que, presumiblemente, volverá a declarar ilegal el proyecto, las tierras ya estén usurpadas y destruidas, haciendo imposible la ejecución de la sentencia y dejando completamente indefensos a los habitantes y a los amantes de los paisajes de alta montaña.

El grupo ecologista añade que la decisión ha sido tomada por la Consejera de Economía y por el Presidente de Aragón, algo que les llama poderosamente la atención dado que la tramitación de un proyecto declarado PIGA (interés general) corresponde, por ley, a la Consejería de Vertebración y no a la de Economía. Para entender que una consejería haya usurpado las competencias legales de otra, probablemente sea bueno recordar que Marta Gastón, la Consejera de Economía, es a la vez la Presidenta de la empresa Aramón, de modo que parece que sus intereses como presidenta de una empresa estén prevaleciendo sobre los de su cargo público y poniendo éste al servicio de sus intereses empresariales, y no del interés general.

También resulta grave, para Ecologistas, la sospecha de que los informes técnicos y jurídicos de los servicios del Gobierno de Aragón nieguen la declaración de urgencia de dicho proyecto, algo, por otro lado, de sentido común: un proyecto que la empresa llevaba sin ejecutar desde hace más de una década resulta ahora chocante que se diga que en el 2010 era urgente su realización. De ser cierto que esos informes negaban esta declaración de urgencia, desde Ecologistas señalan que se estaría hablando de varios delitos graves por cometer actos a sabiendas de que no son ajustados a derecho. En este caso, continúan habría que depurar responsabilidades y conocer qué miembros del gobierno han dado el visto bueno a esta irregularidad.

Por último, desde la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón quieren mostrar todo su apoyo a los habitantes del valle de Castanesa en su lucha por defender sus tierras del expolio y anunciar que vamos a estudiar medidas legales y acciones de protesta social para detener esta barbaridad.