El Justicia de Aragón considera adecuado el proceso de vacunación, pero pide más concreción

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha resuelto el expediente abierto el pasado 27 de enero, sobre el Plan de Vacunación de covid-19, tras recibir varias quejas ciudadanas y ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre las incidencias en su desarrollo. Ahora, considera que no hay generalización en las irregularidades pero, dado que ha habido dudas o falta de concreción, insta al Gobierno de Aragón a ser más preciso y a establecer mecanismos de control previos y posteriores a todo el proceso.

El Justiciazgo solicitó información a los Departamentos de Ciudadanía y Derechos Sociales y al de Sanidad sobre diferentes aspectos relativos a dicho proceso de vacunación, y de manera más concreta al grupo que en ese periodo era objeto de vacunación: centros residenciales de mayores, de personas con discapacidad y trabajadores de dichos centros. En la tramitación del expediente se han mantenido conversaciones con personal sanitario implicado en el proceso o no, y se ha accedido a material formativo del personal que debía asumir las labores de vacunación y a protocolos.

Tras todo ello, el Justicia no aprecia ningún tipo de generalización en las posibles irregularidades del proceso, reconoce la labor de los profesionales sanitarios, que ante una situación epidemiológica y científica cambiante a nivel global, han tenido que adoptar, en ocasiones, decisiones en circunstancias que los diferentes protocolos no especificaban.

Por ello, considera necesario que las administraciones valoren si las instrucciones o protocolos pudieran adolecer de alguna omisión, falta de concreción o inexistencia de regulación al respecto. Y sugiere que se implementen mayores mecanismos de control, con carácter previo y posterior, que no solo garanticen la vacunación de los grupos prioritarios establecidos, sino que además otorgue a la ciudadanía en general una mayor confianza en el proceso.

Dice el Justicia que la sociedad en su conjunto debe contribuir a la erradicación de la crisis sanitaria con la eficacia de sus instituciones, la ejemplaridad de los gestores y la responsabilidad individual ciudadana.

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