El Juzgado acuerda la disolución de Albahaca y Plata tras descartar el pago de deudas
El Juzgado de lo Mercantil de Huesca ha acordado disolver la sociedad taurina Albahaca y Plata y poner fin al concurso de acreedores instado tras descartar que la empresa pueda hacer frente con su actual patrimonio a las deudas reclamadas, según informa la Agencia Efe.
En un edicto hecho público este viernes, la secretaria del juzgado señala que la conclusión del concurso se ha acordado por insuficiencia de recursos "visto que el patrimonio del concursado no será presumiblemente suficiente" para hacer frente a las deudas.
Tras constatar la falta de recursos de la sociedad, el edicto destaca que "no es previsible el ejercicio de acción de reintegración, impugnación o de responsabilidad de terceros".
Esta decisión se hace pública en la fase de resolución del concurso para la adjudicación de la plaza de toros de Huesca para la gestión de la feria taurina de este año, tras finalizar el año pasado Albahaca y Plata su periodo de concesión.
La Unión de Toreros, entidad profesional que agrupa a la mayor parte de figuras taurinas, anunció en pasadas fechas la posibilidad de convocar una huelga de toreros en la feria de este año si continuaba esta sociedad al frente de la plaza.
Fuentes de esta entidad confirmaron a Efe el pasado mes de diciembre que sus servicios jurídicos de esta organización habían iniciado la tramitación de demandas civiles de reclamación de cantidad por un importe aproximado a los 50.000 euros.
Unos días antes, la Unión de Toreros solicitó al Ayuntamiento de Huesca que se retuviera cualquier cantidad de dinero pendiente de abonar a esta empresa hasta que pueda acreditar el abono de todos los honorarios debidos a matadores.
El Ayuntamiento de Huesca, sin embargo, acordó recientemente en pleno reclamar por vía judicial a Albahaca y Plata el pago de 80.000 euros adeudados por el canon de gestión de la plaza de los dos últimos años.
Fuentes jurídicas consultadas por Efe refieren la existencia de jurisprudencia que hace a las instituciones locales responsables civiles subsidiarias del pago de las deudas de las adjudicatarias como titulares del servicio que adjudican.
