El juzgado mantiene la obligación a la DGA de suministrar protección a los sanitarios

El Juzgado Social de Huesca mantiene la medida cautelar sobre la obligación de la DGA, del Salud y del IASS de entregar equipos de protección individual a los profesionales sanitarios a medida que disponga de ellos. Ha resuelto el recurso de reposición interpuesto por el Gobierno de Aragón. 

El juzgado ha dictado el Auto de 14 de abril de 2020, por el que resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Diputación General de Aragón (DGA), el Servicio Aragonés de Salud (SAS) y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) frente a su Auto de 30 de marzo de 2020, de adopción de medidas cautelares, sobre la obligación de entregar equipos de protección individual. 

Mantiene así el requerimiento para que la Administración proporcione a los empleados públicos sanitarios los equipos de protección individual adecuados por riesgos de exposición ante el agente biológico virus SARS-CoV-2 y el riesgo y de contraer la enfermedad Covid-19. Suprime el plazo de veinticuatro horas incumplido por la DGA, SAS e IASS, por carecer de dichos elementos, y lo sustituye por el deber de entregarlos diligentemente conforme dispongan de ellos, tal y como solicitó subsidiariamente el Sindicato en su oposición al recurso. 

Asimismo, desestima que estas tres personas jurídicas públicas careciesen de legitimación pasiva, cualidad para ser parte demandada en un pleito. Pretendían que las medidas cautelares y las acciones judiciales deberían dirigirse contra el Ministerio de Sanidad, en su condición de autoridad delegada del Gobierno de la Nación durante el estado de alarma, exonerando del deber genérico de protección, en materia de riesgos laborales, que incumbe a las Administraciones empleadoras. El Juez acoge la posición del Sindicato de que el estado de alarma no altera los vínculos jurídicos entre la Administración empleadora y sus empleados y el haz de derechos y deberes que constituyen tal relación jurídica. 

El mantenimiento de las medidas cautelares implica que el Juzgado reconoce el riesgo grave para la salud de los empleados públicos sanitarios y para los pacientes y ciudadanos atendidos. 

En virtud del principio de transparencia y de confianza legítima la DGA, el SAS y el IASS deberían informar, periódicamente en el portal de transparencia sobre las gestiones realizadas para el aprovisionamiento de equipos de protección individual, cuándo se reciben los suministros procedentes del Ministerio de Sanidad o los adquiridos por la Comunidad Autónoma y cómo se distribuyen y reponen entre el personal sanitario de los centros sanitarios y socio-sanitarios aragoneses, aunque la Juez no establece esta medida.