El laberinto judicial de los embalses del Ebro con 570 millones en juego

¿Por qué las obras de los embalses en Aragón acaban siempre judicializadas? ¿Hay tantos problemas en otras cuencas hidrográficas? ¿Qué cambios legislativos obstaculizan la regulación de los ríos? La reciente sentencia de Mularroya ha vuelto a evidenciar los continuos tropiezos judiciales, a punto de cumplirse un año del descarte de Biscarrués, proyecto al que le dio la puntilla el Tribunal Supremo, y a pocos días de que los magistrados de la Audiencia Nacional se reúnan para votar el recurso contra la presa de Almudévar. El asunto va más allá de los tribunales y, como se ha demostrado en los últimos días, tiene una derivada política con una clara división en el seno del Gobierno de Aragón.

Biscarrués no pasó de ser un pantano de papel, pero en los otros dos la construcción ya está muy avanzada. Mularroya y Almudévar son actualmente, junto a Yesa, las tres grandes obras en marcha en la cuenca del Ebro, con una inversión total de 573 millones de euros. Según informa Heraldo.es