El PP denuncia que la atención telefónica de bomberos y Policía Local se queda sin contrato

El Grupo Municipal del PP ha solicitado un informe sobre la validez jurídica de los contratos de atención telefónica en la centralita de Policía Local y Bomberos, dada su sospecha de que el proceso administrativo seguido por Luis Felipe puede suponer un fraude de ley. Los populares se basan en que el encadenamiento de contratos con el mismo objeto, primero menor y luego súpersimplificado, podrían eludir los requisitos legales para un concurso abierto.

El pasado mes de agosto expiró el contrato de atención telefónica de la Policía Local y bomberos. Se trata de un servicio externo de centralita que evita que los propios policías y bomberos deban atender las llamadas a costa de menoscabar el trabajo cotidiano de los funcionarios. En ese momento, y ante las presiones sindicales y la constatación de que había dejado pasar los plazos, el gobierno de Luis Felipe formalizó un contrato menor y anunció su vigencia de 69 días, límite que se fijó para licitar formalmente la concesión. Sin embargo, la alcaldía ha dejado caducar de nuevo el plazo y ha anunciado su intención de firmar un nuevo contrato menor con una validez de 4 meses y medio. Ahora, el PP le recuerda a Felipe que su propósito no se ajusta a la ley, dado que no hay tiempo material para formalizar un nuevo contrato antes de que venza el actual. De hecho, el contrato para el Parque de Bomberos finalizó el pasado 17 de octubre y el de la Policía Local lo hará el 24 de octubre.

El PP quiere que se analice si el encadenamiento de contratos con el mismo objeto puede considerarse un fraude de ley al eludir los requisitos de un contrato abierto. Al tiempo, se requiere un informe que determine si el precio de licitación, en relación con la duración de cada uno de los contratos, puede ser considerado igualmente un fraude de ley al ser un servicio que se debe prolongar en el tiempo.

Los populares de Huesca consideran de "gravísima irresponsabilidad" la desidia de Luis Felipe en la gestión de servicios públicos imprescindibles, al tiempo que subrayan la "inmadurez" del alcalde después de que los tribunales, en varias ocasiones, hayan advertido de las ilegalidades de su gobierno. El PP reclama así información inmediata sobre la cobertura de ese servicio y a qué coste en términos económicos y humanos.