El PSOE de Fraga denuncia el pago de más de 15.000 euros de alquiler de las oficinas que ocupará el Aula de la UNED
La formación ya advirtió en noviembre que el traslado supone la pérdida de un servicio del Casco Histórico y un gasto anual de más de 62.000 euros
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Fraga ha denunciado el despilfarro de cerca de 15.500 euros en tres meses correspondientes al alquiler de unas oficinas en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social en la calle Manuel Alabart de Fraga que debía albergar el Aula de la UNED. Se da la circunstancia que el pasado mes de noviembre, sin consultar a nadie, se anunció la decisión que suponía la pérdida efectiva de otro servicio en el Casco Histórico en una maniobra que, cinco meses después, pone de manifiesto “la improvisación y la falta de planificación del equipo de gobierno y de sus socios”, afirmaba Ángel Sorolla el portavoz del PSOE.
Asegura que lo más preocupante es que, después de pagar el alquiler del nuevo espacio a razón de 5.143,64 euros mensuales desde febrero de 2022 y a preguntas de los socialistas en sesión plenaria, el alcalde en funciones, Santiago Burgos, “afirmara sin ruborizarse que no tenemos ni las llaves ni tan siquiera las instalaciones preparadas para albergar el espacio a su nuevo uso”. Recordaba que el traslado del Aula supondrá un gasto anual de 62.000 euros en concepto de alquiler, “de los que más de 15.000 se han malgastado”. Advertía que a ese importe que se pagará cada año durante 5 años habrá que sumar el coste de la adecuación del espacio y la compra de mobiliario para su nuevo uso.
Aseguran que esta situación define la manera de actuar del equipo de gobierno y de sus socios durante la legislatura con propuestas faraónicas, como la recuperación del Pozo de Hielo y remodelación del Cegonyer o la incumplida actuación en el solar de Casa Dueso y anuncios como el de la adquisición de un antiguo molino para convertirlo en museo etnológico o la recuperación de la pasarela peatonal sobre el Cinca, mientras se congelaban proyectos productivos comprometidos la pasada legislatura como la ampliación del suelo industrial.
