Huesca secunda la jornada de huelga de interinos a nivel nacional

La primera huelga nacional de empleados públicos temporales ha contado con un importante seguimiento, también en Huesca, para reclamar el cumplimiento de la Directiva Europea que obliga a sancionar el abuso de temporalidad en el sector público y la retirada del proyecto de reforma del ministro Miquel Iceta, que supondrá un peor servicio a la ciudanía sin dar solución a los trabajadores en fraude.

La Intersindical ISTA, que agrupa a las principales organizaciones convocantes en Aragón, ha señalado que el paro ha tenido "una gran respuesta, especialmente en el medio rural, donde este problema es mayor". Así, ha sido total en Oficinas Comarcales Agroalimentarias de las tres provincias.

Unos 38.000 empleados públicos temporales de todas las administraciones públicas de Aragón (locales, autonómica y estatal) estaban convocados a esta huelga, de los que 20.000, han superado el límite legal de tres años en su plaza y pueden perder su empleo sin ninguna indemnización ni la sanción para la administración contratante, en radical diferencia con lo que se exige en el sector privado.

Los portavoces de ISTA han incidido en que el primer objetivo de esta huelga es que se cumpla con la Directiva 1999/70 de la Unión Europea, una norma que debía estar transpuesta a la legislación española desde hace ya veinte años y que han desarrollado además distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Esta norma prohibió la contratación temporal para cubrir plazas permanentes y por ello se comete un fraude si se mantiene a un empleado temporal por más de tres años. Los poderes públicos incumplen de forma flagrante esta ley y 800.000 empleados públicos en toda España y 20.000 en Aragón son víctimas del abuso de temporalidad. Las administraciones han planteado bajar el índice con los mal llamados procesos de estabilización, convocatorias de oposición que ni corrigen la temporalidad ni sancionan a las administraciones ni compensan a las víctimas. Así, se reclama “inspección para conocer qué trabajadores están en abuso y evitar la indefensión de ir a la calle sin ninguna indemnización por despido ni sanción para el responsable”.

La situación se puede agravar con la propuesta del Gobierno central de una reforma del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público), ya conocida como el “Icetazo”, que no cumple con el mandato comunitario y todavía agravaría y precarizaría más el sector público. Esta norma propone que al llegarse al límite legal de tres años las plazas se congelen durante un año, “por lo que el trabajo recaerá sobre el resto de compañeros, con un peor servicio a la ciudadanía, o será la antesala de la privatización.

Los sindicatos convocantes reivindican la conversión en fijos de esos trabajadores en abuso de temporalidad, por ser una solución sin coste y a la vez sanción para las administraciones abusadoras, de acuerdo con la normativa y jurisprudencia de la Unión Europa.

La huelga de este 18 de junio se ha convocado tras meses de numerosas movilizaciones y protestas, ante la cerrazón tanto del Gobierno central como el autonómico a respetar los derechos laborales de los trabajadores temporales y se ha convocado en toda España, con manifestaciones y concentraciones en las principales ciudades. El personal laboral e interino resalta que las movilizaciones continuarán hasta que se atiendan sus reclamaciones "que tenemos claro que son una obligación legal, que afecta a un gran número de trabajadores".