Jusapol, Jucil y Jupol continúan reivindicando mejoras y equiparaciones en la provincia de Huesca
Tras la reunión mantenida días atrás con la Subdelegada del Gobierno en Huesca, Silvia Salazar, y con su secretaria general Raquel Marquina, los representantes de JUSAPOL, JUCIL y JUPOL en la provincia de Huesca siguen incidiendo y reclamando que la equiparación salarial esperada no se ha completado todavía.
En ese sentido, aseguran que “continúa la discriminación por parte del Ministerio del Interior hacía la Guardia Civil y la Policía Nacional respecto a sus homólogos de Mossos d´Esquadra”. El informe de JUSAPOL que entregaron remarca dónde consideran que existen “brechas salariales”, siendo el propio sueldo, la jubilación, las pagas extras, las horas extraordinarias y asistencia a juicios, entre otros.
En cuanto a la problemática propia de la Guardia Civil en Huesca, desde JUCIL solicitaron una reestructuración y reorganización de las dependencias en la provincia “para mejorar y optimizar los recursos disponibles y el servicio a los ciudadanos del medio rural”. No se olvidan de la importancia de “dotar de mayor personal y mejoras materiales, como son el vestuario, chalecos individuales antibalas, mejoras en las instalaciones oficiales y en los pabellones de los Guardias Civiles, incidiendo en la necesidad de renovar las instalaciones de Sariñena”.
Respecto a la Policía Nacional en Huesca, JUPOL incidió en “la necesidad urgente de ampliar el Catálogo de Puestos de Trabajo de la Comisaría Provincial de Huesca, de esta manera la capital de la provincial podría dotar con mayor personal policial para adaptar la plantilla a las necesidades actuales de la ciudad, así como solicitaron acelerar las gestiones que sean necesarias para que Jaca cuente con nuevas dependencias policiales, que serían también de gran ayuda también para la Unidad de Extranjería de Canfranc, resolviendo las carencias actuales”.
No es lo único, puesto que en dicha reunión también trataron la preocupación que existe en el colectivo policial sobre la probable derogación de la actual ley de Seguridad Ciudadana, “ya que los miembros de las FFCCSE podrían perder el principio de autoridad, pudiendo crearse situaciones de alarma social e inseguridad ciudadana que afectaría negativamente a la ciudadanía”.
