La autonomía de las administraciones locales, eje del Departamento de Presidencia
Avanzar en la autonomía financiera y funcional de las administraciones locales; mantener una relación colaborativa y en términos de lealtad con todo tipo de instituciones para que del clima de entendimiento puedan beneficiarse los ciudadanos aragoneses; hacer visibles y realistas las políticas de igualdad son algunos de los grandes objetivos que la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, expuso esta mañana en su comparecencia de política general ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón.
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En relación también con las administraciones locales adelantó su intención de actualizar las normas que regulan el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional y de trasladar para su enmienda el problema de los ayuntamientos de las áreas rurales para cubrir las plazas de secretaría-intervención. También avanzó la creación oficinas técnicas para asesorar a estas administraciones en algunas áreas emergentes como la movilidad o la eficiencia energética así como una agencia para la evaluación de las políticas públicas.
Políticas de Igualdad
Una de las novedades competenciales de esta legislatura apunta a la adscripción del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) -al igual que la gestión del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE)- al Departamento de Presidencia. Mayte Pérez adelantó la creación de una Comisión Interdepartamental para avanzar en las políticas de igualdad, además de un Consejo consultivo con participación de las asociaciones y organizaciones y entidades de promoción de la mujer.
Justicia e Interior
La consejera de Presidencia relató algunos de los planes especiales de Protección Civil que quieren completarse en los próximos cuatro años e incidió especialmente en el número de fallecidos este verano en actividades relacionadas con el montañismo, cuestión que requiere un tratamiento de choque para evitar su continuidad.
Indicó igualmente su intención de trabajar para una organización estable del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y de negociar con el Gobierno de España la necesidad de cubrir las vacantes que se producen en la Unidad de la Policía Adscrita hasta alcanzar los 200 efectivos.
