La propuesta de la comisión concluye que la gestión municipal fue acorde a la información que se disponía
Reitera que el Consistorio es la administración competente en la gestión de la información y que trasladó lo que se informó desde Subdelegación
El Ayuntamiento de Huesca ha emitido un comunicado en el que se recogen las conclusiones de la Comisión Informativo especial de Investigación sobre la gestión de la información por parte de las presuntas agresiones sexuales cometidas durante las pasadas fiestas de San Lorenzo. En ella se recoge que la gestión de la información por parte de los responsables municipales fue acorde con la información de la que se disponía en cada momento trasladada desde la Subdelegación del Gobierno. Ahora estas conclusiones, aprobadas por el equipo de gobierno y Ciudadanos, tendrán que pasar por pleno municipal.
También recoge las conclusiones que el Ayuntamiento de Huesca no es la administración competente en la gestión de la información sobre los hechos presuntamente delictivos, que en este caso sería la administración central.
Informe completo de las conclusiones emitido por el Ayuntamiento de Huesca
En el apartado policial la comisión recoge, en su punto número dos, que los hechos acaecidos, tras la intervención inicial de la policía local quedaron bajo la investigación del Cuerpo Nacional de Policía, “cuerpo competente” señala el informe. Y que las autoridades y funcionarios municipales están sujetos a un deber de sigilo profesional.
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Ya en la parte final de las conclusiones en el Ayuntamiento reconoce que debe trabajar en la mejora de los protocolos de comunicación y gestión de crisis, y que debe reiterar la necesidad de la revisión del protocolo de la red RAELLAS para trabajar en la prevención, sensibilización y erradicación de la violencia de género y agresiones sexuales.
Por último las conclusiones también recogen que la prudencia y el respeto a las investigaciones “deben presidir la gestión municipal de la información sobre este tipo de hechos trasladando a la ciudadanía la información necesaria para evitar la alarma social pero sin interferir en las actuaciones policiales y judiciales, compartiendo con la población el mensaje de rechazo de los actos de violencia de género.”
