Prisión con fianza para Aranda y Bravo, que se niegan a declarar
Los últimos turnos para prestar declaración en la sala de vistas del Juzgado número 5 de Huesca eran para los jugadores Carlos Aranda y Raul Bravo que se negaban a hacerlo. La instrucción, que se inició a raíz de la denuncia de la Liga tras el partido Huesca- Nástic en 2018, apunta a que ambos podrían ser los cabecillas de una red organizada de amaño de partidos.
La fiscalía provincial solicitaba prisión provisional para ambos eludible bajo fianza de 100.000 euros, ya que se les investiga por cuatro presuntos delitos que son corrupción en el deporte entre particulares, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.
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El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Huesca Juan Baratech, afirmaba tajantemente que "no todos los que este jueves estaban citados a declarar están investigados por los mismos hechos" porque se ha determinado que "había una trama principal y ramificaciones". De este modo, diferenciaba entre unos implicados y otros. Aclaraba que los mayores implicados tendrían relación con el atestado de la UDEF, que pone sobre la mesa la existencia de una organización criminal dedicada al amaño de partidos.
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El exjugador de la SD Huesca, Íñigo López, estaría en un grado de implicación intermedio a juzgar por la medida provisional de libertad con cargos bajo fianza de 75.000 euros que solicitaba la Fiscalía para él. Su propio abogado, Juan Pablo Lerena, hacía un llamamiento a la prudencia y a la presunción de inocencia.
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Por otro lado, el jugador del Valladolid, Borja, y el presidente de la SD Huesca, Agustín Lasaosa quedaban en libertad bajo fianza de 50.000 euros investigados por Corrupción entre particulares en el deporte y estafa. Por último, el jefe de los servicios médicos del Club Azulgrana, Juan Carlos Galindo, quedaba en libertad con cargos sin fianza acusado únicamente de un delito de corrupción en el deporte.
Ahora una de las incógnitas más importantes es la implicación del club de la SD Huesca, que se encuentra investigado como persona jurídica. En este sentido, Baratech dejaba claro que “la entidad puede entenderse más como una acusación particular, más que como responsable penal porque puede ser el principal perjudicado”.
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La instrucción prosigue sin fechas concretas todavía para seguir recabando pruebas y testificales. Cabe destacar que por el momento se han llevado a cabo intervenciones telefónicas, registros domiciliarios y hasta seis detenciones de jugadores y directivos de distintos equipos. Ahora, los testigos que declararon en sede policial deberán hacerlo en sede judicial y se podría volver a solicitar declaraciones de los implicados en los presuntos hechos delictivos. De momento se mantiene el secreto de sumario.
