Olona pide "desterrar" el término "temporero" y eliminar prejuicios sobre este sector
El consejero argumenta, además, que son partidarios de dejar acudir al huerto en el medio rural, aunque la decisión la tienen el Gobierno Central<br>
La agricultura jugó un papel capital para resolver la crisis económica del 2008 y también lo jugará en la que viene. Por este motivo, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medioambiente del Gobierno de Aragón destacan la labor del sector agrícola, más en estos momentos, y reclama ayudas para ellos. Sobre todo, para las explotaciones familiares de agricultores y ganaderos. Toca garantizar su supervivencia, ya que es el eslabón más débil de la cadena de alimentos.
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La ley y el documento sometido a información pública hace unos días que ampliaba algunas medidas del decreto de alarma en Aragón plantea unos requisitos muy concretos, entre los que destaca potenciar la figura del agricultor profesional, favorecer el relevo generacional y la incorporación de las mujeres al mundo del campo.
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La segunda prioridad es en relación a la campaña de la fruta. El consejero Joaquín Olona pide desterrar el término peyorativo de "temporero" y eliminar prejuicios sobre esta profesión. Dice, es una oportunidad y una posibilidad laboral tan digna como cualquier otra.
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El consejero hablaba también de una cuestión muy discutida desde que comenzó el confinamiento, y es la referida a la posibilidad o no de acudir al huerto. Desde el Gobierno de Aragón consideran que la medida tomada hace unos días por la Delegación en la que se permitía acudir en casos excepcionales es un avance, e insisten en que en los pueblos rurales se adopte una solución definitiva que evite las restricciones para ir a los huertos, repite e insiste en el mundo rural.
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Además, trabajan en el establecimiento de un régimen de transporte extraordinario durante el periodo de vigencia del estado de alarma. Este sistema está destinado para los trabajadores efectivamente contratados por estas organizaciones de productores o sus socios. Estos trabajadores que vivan en municipios de más de 1.500 personas y que vivan a más de 50 kilómetros de las explotaciones donde se vayan a realizar los trabajos.