Para la Unión de Jefes de Policía Local la Operación "Enredadera" fue "el gran enredo de la UDEF"

Unijepol, la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local, ha querido denunciar a través de un comunicado el daño realizado a través de la Operación "Enredadera" en la que hubo diferentes registros en ayuntamientos y detención de jefes de Policía Local, como Alberto Edroso, responsable en Huesca en julio de 2018, cuando tuvo lugar la actuación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en contra de una trama de amaño de contratos.

Todos los investigados por aquel entonces, según la UDEF estaban supuestamente implicados en prácticas de corrupción para facilitar contratos a determinadas empresas que suministraban tecnologías a los ayuntamientos. Una operación que tuvo una importante repercusión en la opinión pública “tanto por el alto numero de mandos policiales implicados, como por sus largas y meritorias trayectorias profesionales”, indican en su comunicado.

Indican que "no es difícil llegar a la conclusión, por ser muy evidente, que se buscó, antes que cualquier otra cosa, el impacto mediático de la operación, lo que cuestiona muy seriamente la profesionalidad de quienes la llevaron a cabo".

Se mostraron también sorprendidos por "el contenido del atestado policial, basado casi exclusivamente en las escuchas telefónicas realizadas a los directivos de las empresas y plagado de prejuicios hacia los ayuntamientos y los mandos de la Policías Locales", incluyendo en la causa ayuntamientos que no tenían ningún contrato con las empresas implicadas.

En su comunicado público destacan también que "lo peor de todo es que muchas de los hechos investigados no necesitaban de averiguaciones complejas y costosas, ya que la información necesaria para corroborarlos o desmentirlos se encontraban en las propias páginas web de los ayuntamientos afectados, concretamente en el denominado perfil del contratante donde se detalla toda la información sobre los contratos públicos y los funcionarios responsables de los mismos".

Señalan que "los ‘investigadores’ ni siquiera hicieron eso, estableciendo elucubraciones llenas de prejuicios, que han perjudicado gratuitamente y de forma muy grave a muchas personas y, entre ellas, a excelentes profesionales de las Policías Locales".

Consideran que "casi cuatro años después de la detención de nuestros compañeros, no se ha producido ni una sola condena: ni contra los directivos de las empresas implicadas, ni contra los alcaldes, concejales, jefes y mandos de Policía Local que fueron investigados. Muy al contrario, desde que el juzgado de Badalona dispersó su macro causa en decenas de juzgados repartidos por toda España, poco a poco, los juzgados de instrucción de León, Oviedo, Teruel, Fuenlabrada o Huesca han archivado sus respectivas causas, declarando la inexistencia de delitos y proclamando la inocencia de nuestros compañeros".